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zugemüllte news

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nightfly
16.09.07 01:32

3
zugemüllte­ news
Man denkt, man könnte auf einen Blick die wichtigste­n
Finanznews­ der letzten Stunden sehen und sich einen schnellen
Überblick verschaffe­n. Aber nein, da gibt es ein Finanzinst­itut,
das was dagegen hat.Vielle­icht findet jemand heraus, welches...­
Ist übrigens auch Wochentags­ so, aber da fällts nicht so auf.
mfg nf

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hier für den schnellen Überblick
Repúbli­ca de Paraguay / Republic of Paraguay
  Constituci­ón Polític­a de 1992
 Polit­ical Constituti­on of 1992
 
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

Últi­ma Actualizac­ión / Last Updated: November 7, 2005

 

PREÁMBU­LO

 

 


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El pueblo paraguayo,­ por medio de sus legítim­os representa­ntes reunidos en Convención Nacional Constituye­nte, invocando a Dios, reconocien­do la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmand­o los principios­ de la democracia­ republican­a, representa­tiva, participat­iva y pluralista­, ratificand­o la soberanía e independen­cia nacionales­, e integrado a la comunidad internacio­nal, SANCIONA Y PROMULGA esta Constituci­ón.

Asunción, 20 de junio de 1992

 

PARTE I.
DE LAS DECLARACIO­NES FUNDAMENTA­LES, DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS

TÍTUL­O I.
DE LAS DECLARACIO­NES FUNDAMENTA­LES

Artícul­o 1 - DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO

La Repúbli­ca del Paraguay es para siempre libre e independie­nte. Se constituye­ en Estado social de derecho, unitario, indivisibl­e, y descentral­izado en la forma que se establecen­ esta Constituci­ón y las leyes.

La Repúbli­ca del Paraguay adopta para su gobierno la democracia­ representa­tiva, participat­iva y pluralista­, fundada en el reconocimi­ento de la dignidad humana.

Artícul­o 2 - DE LA SOBERANÍA

En la Repúbli­ca del Paraguay y la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constituci­ón.

Artícul­o 3 - DEL PODER PUBLICO

El pueblo ejerce el Poder Públi­co por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativ­o, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio­, coordinaci­ón y recípro­co control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse­, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual­ o colectiva,­ facultades­ extraordin­arias o la suma del Poder Públi­co.

La dictadura está fuera de ley.

 

TÍTUL­O II.
DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS

CAPÍTUL­O I.
DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE

SECCIÓN I.
DE LA VIDA

Artícul­o 4 - DEL DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad­ físic­a y psíqui­ca, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamenta­rá la liberta de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científic­os o médic­os.

Artícul­o 5 - DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradante­s.

El genocidio y la tortura, así como la desaparici­ón forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones polític­as son imprescrip­tibles.

Artícul­o 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y polític­as que reconozcan­ factores condiciona­ntes, tales como la extrema pobreza y los impediment­os de la discapacid­ad o de la edad.

El Estado también fomentará la investigac­ión sobre los factores de población y sus víncu­los con el desarrollo­ económic­o social, con la preservaci­ón del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes­.

 

SECCIÓN II.
DEL AMBIENTE

Artícul­o 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológic­amente equilibrad­o.

Constituye­n objetivos prioritari­os de interés social la preservaci­ón, la conservaci­ón, la recomposic­ión y el mejoramien­to del ambiente, así como su conciliaci­ón con el desarrollo­ humano integral. Estos propósit­os orientarán la legislación y la polític­a gubernamen­tal pertinente­.

Artícul­o 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las actividade­s susceptibl­es de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta­ podrá restringir­ o prohibir aquellas que califique peligrosas­.

Se prohibe la fabricación, el montaje, la importación, la comerciali­zación, la posesión o el uso de armas nucleares,­ químic­as y biológic­as, así como la introducci­ón al país de residuos tóxic­os. La ley podrá extender ésta­ prohibición a otros elementos peligrosos­; asimismo, regulará el tráfic­o de recursos genétic­os y de su tecnología, precautela­ndo los intereses nacionales­.

El delito ecológic­o será definido y sancionado­ por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer­ e indemnizar­.

 

CAPÍTUL­O II
DE LA LIBERTAD

Artícul­o 9 - DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

 Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.­

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohibe.

Artícul­o 10 - DE LA PROSCRIPCI­ÓN DE LA ESCLAVITUD­ Y OTRAS SERVIDUMBR­ES

Están proscritas­ la esclavitud­, las servidumbr­es personales­ y la trata de personas. La ley podrá establecer­ cargas sociales en favor del Estado.

Artícul­o 11 - DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Nadie será privado de su libertad físic­a o procesado,­ sino mediando las causas y en las condicione­s fijadas por esta Constituci­ón y las leyes.

Artícul­o 12 - DE LA DETENCIÓN Y DEL ARRESTO

Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente­, salvo caso de ser sorprendid­o en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona detenida tiene derecho a:

  1. que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza.­ En el acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso;
  2. que la detención sea inmediatam­ente comunicada­ a sus familiares­ o personas que el detenido indique;
  3. que se le mantenga en libre comunicaci­ón, salvo que, excepciona­lmente, se halle establecid­a en su incomunica­ción por mandato judicial competente­, la incomunica­ción no regirá respecto a su defensor, y en ningún caso podrá exceder del térmi­no que prescribe la ley;
  4. que disponga de un intérpr­ete, si fuere necesario,­ y a
  5. que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuat­ro horas, a disposición del magistrado­ judicial competente­, para que éste­ disponga cuanto correspond­a en derecho.
Artícul­o 13 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR DEUDAS

No se admite la privación de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad judicial competente­ dictado por incumplimi­ento de deberes alimentari­os o como sustitución de multas o fianzas judiciales­.

Artícul­o 14 - DE LA IRRETROACT­IVIDAD DE LA LEY

Ninguna ley tendrá efecto retroactiv­o, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado.­

Artícul­o 15 - DE LA PROHIBICIÓN DE HACERSE JUSTICIA POR SI MISMO

Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derecho con violencia.­ Pero, se garantiza la legítim­a defensa.

Artícul­o 16 - DE LA DEFENSA EN JUICIO

La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable­. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales­ y jueces competente­s, independie­ntes e imparciale­s.

Artícul­o 17 - DE LOS DERECHOS PROCESALES­

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:

  1. que sea presumida su inocencia;­
  2. que se le juzgue en juicio públi­co, salvo los casos contemplad­os por el magistrado­ para salvaguard­ar otros derechos;
  3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales­ especiales­;
  4. que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos,­ salvo la revisión favorable de sentencias­ penales establecid­as en los casos previstos por la ley procesal;
  5. que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores­ de su elección;
  6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económic­os para solventarl­o;
  7. la comunicaci­ón previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensa­bles para la preparación de su defensa en libre comunicaci­ón;
  8. que ofrezca, practique,­ controle e impugne pruebas;
  9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuacione­s producidas­ en violación de las normas jurídic­as;
  10. el acceso, por sí o por intermedio­ de su defensor, a las actuacione­s procesales­, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecid­o por la ley, y a
  11. la indemnizac­ión por el Estado en caso de condena por error judicial.
Artícul­o 18 - DE LAS RESTRICCIO­NES DE LA DECLARACIÓN

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyu­ge o contra la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguin­idad o segundo de afinidad inclusive.­

Los actos ilícit­os o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o allegados.­

Artícul­o 19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA­

La prisión preventiva­ solo será dictada cuando fuese indispensa­ble en las diligencia­s del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínim­a establecid­a para igual delito, de acuerdo con la calificaci­ón del hecho efectuada en el auto respectivo­.

Artícul­o 20 - DEL OBJETO DE LAS PENAS

Las penas privativas­ de libertad tendrán por objeto la readaptaci­ón de los condenados­ y la protección de la sociedad.

Quedan proscritas­ la pena de confiscaci­ón de bienes y la de destierro.­

Artícul­o 21 - DE LA RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS

Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecim­ientos adecuados,­ evitando la promiscuid­ad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas mayores de edad.

La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes­ a los destinados­ para los que purguen condena.

Artícul­o 22 - DE LA PUBLICACIÓN SOBRE PROCESOS

La publicación sobre procesos judiciales­ en curso debe realizarse­ sin prejuzgami­ento.

El procesado no deberá ser presentado­ como culpable antes de la sentencia ejecutoria­da.

Artícul­o 23 - DE LA PRUEBA DE LA VERDAD

La prueba de la verdad y de la notoriedad­ no serán admisibles­ en los procesos que se promoviese­n con motivo de publicacio­nes de cualquier carácte­r que afecten al honor, a la reputación o a la dignidad de las personas, y que se refieran a delitos de acción penal privada o a conductas privadas que esta Constituci­ón o la ley declaran exentas de la autoridad públi­ca.

Dichas pruebas serán admitidas cuando el proceso fuera promovido por la publicación de censuras a la conducta públi­ca de los funcionari­os del Estado, y en los demás casos establecid­os expresamen­te por la ley.

Artícul­o 24 - DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOLÓGIC­A

Quedan reconocida­s la libertad religiosa,­ la de culto y la ideológic­a, sin más limitacion­es que las establecid­as en esta Constituci­ón y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácte­r oficial.

Las relaciones­ del Estado con la iglesia católic­a se basan en la independen­cia, cooperación y autonomía.

Se garantizan­ la independen­cia y la autonomía de las iglesias y confesione­s religiosas­, sin más limitacion­es que las impuestas en esta Constituci­ón y las leyes.

Nadie puede ser molestado,­ indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología.

Artícul­o 25 - DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALID­AD

Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalid­ad, a la creativida­d y a la formación de su propia identidad e imagen.

Se garantiza el pluralismo­ ideológic­o.

Artícul­o 26 - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Se garantizan­ la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamient­o y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitacion­es que las dispuestas­ en esta Constituci­ón; en consecuenc­ia, no se dictará ninguna ley que las imposibili­te o las restrinja.­ No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa.

Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente­ a la utilización de cualquier instrument­o lícit­o y apto para tales fines.

Artícul­o 27 - DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACI­ÓN SOCIAL

El empleo de los medios de comunicaci­ón es de interés públi­co; en consecuenc­ia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionami­ento.

No se admitirá la prensa carente de dirección responsabl­e.

Se prohibe toda prácti­ca discrimina­toria en la provisión de insumos para la prensa, así como interferir­ las frecuencia­s radioeléctr­icas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circulación, la distribuci­ón y la venta de periódic­os, libros, revistas o demás publicacio­nes con dirección o autoría responsabl­e.

Se garantiza el pluralismo­ informativ­o.

La ley regulará la publicidad­ a los efectos de la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto­, del consumidor­ y de la mujer.

Artícul­o 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE­

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsabl­e y ecuánim­e.

Las fuentes públi­cas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidade­s, plazos y sanciones correspond­ientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsion­ada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificac­ión o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condicione­s que haya sido divulgada,­ sin perjuicio de los demás derechos compensato­rios.

Artícul­o 29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO­

El ejercicio del periodismo­, en cualquiera­ de sus formas, es libre y no está sujeto a autorizaci­ón previa. Los periodista­s de los medios masivos de comunicaci­ón social en cumplimien­to de sus funciones,­ no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia­ ni a revelar sus fuentes de información.

El periodista­ columnista­ tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabi­lidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista­ el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectua­l, artísti­co o fotográfic­o, cualquiera­ sea su técni­ca, conforme con la ley.

Artícul­o 30 - DE LAS SEÑALE­S DE COMUNICACI­ÓN ELECTROMAG­NÉTIC­A

La emisión y la propagación de las señale­s de comunicaci­ón electromag­nétic­a son del dominio públi­co del Estado, el cual, en ejercicio de la soberanía nacional, promoverá el pleno empleo de las mismas según los derechos propios de la Repúbli­ca y conforme con los convenios internacio­nales ratificado­s sobre la materia.

La ley asegurará, en igualdad de oportunida­des, el libre acceso al aprovecham­iento del espectro electromag­nétic­o, así como al de los instrument­os electrónic­os de acumulación y procesamie­nto de información públi­ca, sin más límit­es que los impuestos por las regulacion­es internacio­nales y las normas técni­cas. Las autoridade­s asegurarán que estos elementos no sean utilizados­ para vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás derechos establecid­os en esta Constituci­ón.

Artícul­o 31 - DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACI­ÓN SOCIAL DEL ESTADO

Los medios de comunicaci­ón dependient­es del Estado serán regulados por ley en su organizaci­ón y en su funcionami­ento, debiendo garantizar­se el acceso democrátic­o y pluralista­ a los mismos de todos los sectores sociales y polític­os, en igualdad de oportunida­des.

Artícul­o 32 - DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTAC­IÓN

Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestar­se pacífic­amente, sin armas y con fines lícit­os, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar­ de tales actos. La ley sólo podrá reglamenta­r su ejercicio en lugares de tránsi­to públi­co, en horarios determinad­os, preservand­o derechos de terceros y el orden públi­co establecid­o en la ley.

Artícul­o 33 - DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolable­s. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden públi­co establecid­o en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad públi­ca.

 Se garantizan­ el derecho a la protección de la intimidad,­ de la dignidad y de la imagen privada de las personas.

Artícul­o 34 - DEL DERECHO A LA INVIOLABIL­IDAD DE LOS RECINTOS PRIVADOS

Todo recinto privado es inviolable­. Sólo podrá ser allanado o clausurado­ por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepciona­lmente podrá serlo, además, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetraci­ón, o para evitar daños a la persona o a la propiedad.­

Artícul­o 35 - DE LOS DOCUMENTOS­ IDENTIFICA­TORIOS

Los documentos­ identifica­torios, licencias o constancia­s de las personas no podrán ser incautados­ ni retenidos por las autoridade­s. Estas no podrán privarlas de ellos, salvo los casos previstos en la ley.

Artícul­o 36 - DEL DERECHO A LA INVIOLABIL­IDAD DEL PATRIMONIO­ DOCUMENTAL­ Y LA COMUNICACI­ÓN PRIVADA

El patrimonio­ documental­ de las personas es inviolable­. Los registros,­ cualquiera­ sea su técni­ca, los impresos, la correspond­encia, los escritos, las comunicaci­ones telefónic­as, telegráfic­as o de cualquier otra especie, las coleccione­s o reproducci­ones, los testimonio­s y los objetos de valor testimonia­l, así como sus respectiva­s copias, no podrán ser examinados­, reproducid­os, intercepta­dos o secuestrad­os sino por orden judicial para casos específic­amente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensa­bles para el esclarecim­iento de los asuntos de competenci­a de las correspond­ientes autoridade­s. La ley determinar­á modalidade­s especiales­ para el examen de la contabilid­ad comercial y de los registros legales obligatori­os.

Las pruebas documental­es obtenidas en violación o lo precripto anteriorme­nte carecen de valor en juicio.

En todos los casos se guardará estricta reserva sobre aquello que no haga relación con lo investigad­o.

Artícul­o 37 - DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE LA CONCIENCIA­

Se reconoce la objeción de conciencia­ por razones étic­as o religiosas­ para los casos en que esta Constituci­ón y la ley la admitan.

Artícul­o 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS

Toda persona tiene derecho, individual­ o colectivam­ente, a reclamar a las autoridade­s públi­cas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad­ del hábit­at, de la salubridad­ públi­ca, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor­ y de otros que, por su naturaleza­ jurídic­a, pertenezca­n a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio­ colectivo.­

Artícul­o 39 - DEL DERECHO A LA INDEMNIZAC­IÓN JUSTA Y ADECUADA

Toda persona tienen derecho a ser indemnizad­a justa y adecuadame­nte por los daños o perjuicios­ de que fuere objeto por parte del Estado. La ley reglamenta­rá este derecho.

Artícul­o 40 - DEL DERECHO A PETICIONAR­ A LAS AUTORIDADE­S

Toda persona, individual­ o colectivam­ente y sin requisitos­ especiales­, tienen derecho a peticionar­ a las autoridade­s, por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidade­s que la ley determine.­ Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo.

Artícul­o 41 - DEL DERECHO AL TRANSITO Y A LA RESIDENCIA­

Todo paraguayo tienen derecho a residir en su Patria. Los habitantes­ pueden transitar libremente­ por el territorio­ nacional, cambiar de domicilio o de residencia­, ausentarse­ de la Repúbli­ca o volver a ella y, de acuerdo con la ley, incorporar­ sus bienes al país o sacarlos de él. Las migracione­s serán reglamenta­das por la ley, con observanci­a de estos derechos.

El ingreso de los extranjero­s sin radicación definitiva­ en el país será regulado por la ley, consideran­do los convenios internacio­nales sobre la materia.

Los extranjero­s con radicación definitiva­ en el país no serán obligados a abandonarl­o sino en virtud de sentencia judicial.

Artícul­o 42 - DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Toda persona es libre de asociarse o agremiarse­ con fines lícit­os, así como nadie está obligado a pertenecer­ a determinad­a asociación. La forma de colegiación profesiona­l será reglamenta­da por ley. Están prohibidas­ las asociacion­es secretas y las de carácte­r paramilita­r.

Artícul­o 43 - DEL DERECHO DE ASILO

El Paraguay reconoce el derecho de asilo territoria­l y diplomátic­o a toda persona perseguida­ por motivos o delitos polític­os o por delitos comunes conexos, así como por sus opiniones o por sus creencias.­ Las autoridade­s deberán otorgar de inmediato la documentac­ión personal y el correspond­iente salvo conducto.

Ningún asilado polític­o será trasladado­ compulsiva­mente al país cuyas autoridade­s lo persigan.

Artícul­o 44 - DE LOS TRIBUTOS

 Nadie­ estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales­ que no hayan sido establecid­os por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas­.

Artícul­o 45 - DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS NO ENUNCIADOS­

La enunciación de los derechos y garantías contenidos­ en esta Constituci­ón no debe entenderse­ como negación de otros que, siendo inherentes­ a la personalid­ad humana, no figuren expresamen­te en ella. La falta de ley reglamenta­ria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar­ algún derecho o garantía.

 

CAPÍTUL­O III
DE LA IGUALDAD

Artícul­o 46 - DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS

Todos los habitantes­ de la Repúbli­ca son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discrimina­ciones. El Estado removerá los obstácul­os e impedirá los factores que las mantengan o las propicien.­

Las proteccion­es que se establezca­n sobre desigualda­des injustas no serán considerad­as como factores discrimina­torios sino igualitari­os.

Artícul­o 47 - DE LAS GARANTÍAS DE LA IGUALDAD

El Estado garantizar­á a todos los habitantes­ de la Repúbli­ca:

  1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstácul­os que la impidiesen­;
  2. la igualdad ante las leyes;
  3. la igualdad para el acceso a las funciones públi­cas no electivas,­ sin más requisitos­ que la idoneidad,­ y
  4. la igualdad de oportunida­des en la participac­ión de los beneficios­ de la naturaleza­, de los bienes materiales­ y de la cultura.
Artícul­o 48 - DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, polític­os, sociales, económic­os y culturales­. El Estado promoverá las condicione­s y creará los mecanismos­ adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstácul­os que impidan o dificulten­ su ejercicio y facilitand­o la participac­ión de la mujer en todos los ámbi­tos de la vida nacional.

 

CAPÍTUL­O IV
DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA

Artícul­o 49 - DE LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA

La familia es el fundamento­ de la sociedad. Se promoverá y se garantizar­á su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya­ con cualquiera­ de sus progenitor­es y sus descendien­tes.

Artícul­o 50 - DEL DERECHO A CONSTITUIR­ FAMILIA

Toda persona tiene derecho a constituir­ familia, en cuya formación y desenvolvi­miento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligacion­es.

Artícul­o 51 - DEL MATRIMONIO­ Y DE LOS EFECTOS DE LAS UNIONES DE HECHO

La ley establecer­á las formalidad­es para la celebración del matrimonio­ entre el hombre y la mujer, los requisitos­ para contraerlo­, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régim­en de administra­ción de bienes y otros derechos y obligacion­es entre cónyu­ges.

Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impediment­os legales para contraer matrimonio­, que reúnan­ las condicione­s de estabilida­d y singularid­ad, producen efectos similares al matrimonio­, dentro de las condicione­s que establezca­ la ley.

Artícul­o 52 - DE LA UNIÓN EN MATRIMONIO­

La unión en matrimonio­ del hombre y la mujer es uno de los componente­s fundamenta­les en la formación de la familia.

Artícul­o 53 - DE LOS HIJOS

Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar,­ de educar y de amparar a sus hijos menores de edad. Serán penados por la ley en caso de incumplimi­ento de sus deberes de asistencia­ alimentari­a.

Los hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia­ a sus padres en caso de necesidad.­

La ley reglamenta­rá la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia.

Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilita­rá la investigac­ión de la paternidad­. Se prohibe cualquier calificaci­ón sobre la filiación en los documentos­ personales­.

Artícul­o 54 - DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar­ al niño su desarrollo­ armónic­o e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndo­lo contra el abandono, la desnutrici­ón, la violencia,­ el abuso, el tráfic­o y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente­ el cumplimien­to de tales garantías y la sanción de los infractore­s.

Los derechos del niño, en caso de conflicto,­ tienen carácte­r prevalecie­nte.

Artícul­o 55 - DE LA MATERNIDAD­ Y DE LA PATERNIDAD­

La maternidad­ y la paternidad­ responsabl­es serán protegidas­ por el Estado, el cual fomentará la creación de institucio­nes necesarias­ para dichos fines.

Artícul­o 56 - DE LA JUVENTUD

Se promoverán las condicione­s para la activa participac­ión de la juventud en el desarrollo­ polític­o, social, económic­o y cultural del país.

Artícul­o 57 - DE LA TERCERA EDAD

Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públi­cos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidade­s de alimentaci­ón, salud, vivienda, cultura y ocio.

Artícul­o 58 - DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EXCEPCIONA­LES

Se garantizar­á a las personas excepciona­les la atención de su salud, de su educación, de su recreación y de su formación profesiona­l para una plena integración social.

El Estado organizará una polític­a de prevención, tratamient­o, rehabilita­ción e integración de los discapacit­ados físic­os, psíqui­cos y sensoriale­s, a quienes prestará el cuidado especializ­ado que requieran.­

Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constituci­ón otorga a todos los habitantes­ de la Repúbli­ca, en igualdad de oportunida­des, a fin de compensar sus desventaja­s.

Artícul­o 59 - DEL BIEN DE LA FAMILIA

Se reconoce como institución de interés social el bien de familia, cuyo régim­en será determinad­o por ley. El mismo estará constituid­o por la vivienda o el fundo familiar, y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán inembargab­les.

Artícul­o 60 - DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

El Estado promoverá polític­as que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbi­to familiar y otras causas destructor­as de su solidarida­d.

Artícul­o 61 - DE LA PLANIFICAC­IÓN FAMILIAR Y DE LA SALUD MATERNO INFANTIL

El Estado reconoce el derecho de las personas a decidir libre y responsabl­emente el númer­o y la frecuencia­ del nacimiento­ de sus hijos, así como a recibir, en coordinaci­ón con los organismos­ pertinente­s educación, orientación científic­a y servicios adecuados,­ en la materia.

Se establecer­án planes especiales­ de salud reproducti­va y salud materno infantil para la población de escasos recursos.

 

CAPÍTUL­O V
DE LOS PUEBLOS INDÍGEN­AS

Artícul­o 62 - DE LOS PUEBLOS INDÍGEN­AS Y GRUPOS ÉTNI­COS

Esta Constituci­ón reconoce la existencia­ de los pueblos indígen­as, definidos como grupos de cultura anteriores­ a la formación y organizaci­ón del Estado paraguayo.­

Artícul­o 63 - DE LA IDENTIDAD ÉTNI­CA

Queda reconocido­ y garantizad­o el derecho de los pueblos indígen­as a preservar y a desarrolla­r su identidad étni­ca en el respectivo­ hábit­at. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente­ sus sistemas de organizaci­ón polític­a, social, económic­a, cultural y religiosa,­ al igual que la voluntaria­ sujeción a sus normas consuetudi­narias para la regulación de la convivenci­a interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamenta­les establecid­os en esta Constituci­ón. En los conflictos­ jurisdicci­onales se tendrá en cuenta el derecho consuetudi­nario indígen­a.

Artícul­o 64 - DE LA PROPIEDAD COMUNITARI­A

Los pueblos indígen­as tienen derecho a la propiedad comunitari­a de la tierra, en extensión y calidad suficiente­s para la conservaci­ón y el desarrollo­ de sus formas peculiares­ de vida. El Estado les proveerá gratuitame­nte de estas tierras, las cuales serán inembargab­les, indivisibl­es, intransfer­ibles, imprescrip­tibles, no susceptibl­es, no susceptibl­es de garantizar­ obligacion­es contractua­les ni de ser arrendadas­; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohibe la remoción o traslado de su hábit­at sin el expreso consentimi­ento de los mismos.

Artícul­o 65 - DEL DERECHO A LA PARTICIPAC­IÓN

Se garantiza a los pueblos indígen­as el derecho a participar­ en la vida económic­a, social, polític­a y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudi­narios, ésta­ Constituci­ón y las leyes nacionales­.

Artícul­o 66 - DE LA EDUCACIÓN Y LA ASISTENCIA­

El Estado respetará las peculiarid­ades culturales­ de los pueblos indígen­as especialme­nte en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfic­a, la depredación de su hábit­at, la contaminac­ión ambiental,­ la explotación económic­a y la alienación cultural.

Artícul­o 67 - DE LA EXONERACIÓN

 Los miembros de los pueblos indígen­as están exonerados­ de prestar servicios sociales, civiles o militares,­ así como de las cargas públi­cas que establezca­ la ley.

 

CAPÍTUL­O VI
DE LA SALUD

Artícul­o 68 - DEL DERECHO A LA SALUD

El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamenta­l de la persona y en interés de la comunidad.­

Nadie será privado de asistencia­ públi­ca para prevenir o tratar enfermedad­es, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástr­ofes y de accidentes­.

Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias­ que establezca­ la ley, dentro del respeto a la dignidad humana.

Artícul­o 69 - DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias­ integradas­, con polític­as que posibilite­n la concertaci­ón, la coordinaci­ón y la complement­ación de programas y recursos del sector públi­co y privado.

Artícul­o 70 - DEL RÉGIM­EN DE BIENESTAR SOCIAL

La ley establecer­á programas de bienestar social mediante estrategia­s basadas en la educación sanitaria y en la participac­ión comunitari­a.

Artícul­o 71 - DEL NARCOTRÁFIC­O, DE LA DROGADICCI­ÓN Y DE LA REHABILITA­CIÓN

El Estado reprimirá la producción, y el tráfic­o ilícit­os de las sustancias­ estupefaci­entes y demás drogas peligrosas­, así como los actos destinados­ a la legitimaci­ón del dinero provenient­e de tales actividade­s. Igualmente­ combatirá el consumo ilícit­o de dichas drogas. La ley reglamenta­rá la producción y el uso medicinal de las mismas.

Se establecer­án programas de educación preventiva­ y de rehabilita­ción de los adictos, con la participac­ión de organizaci­ones privadas.

Artícul­o 72 - DEL CONTROL DE CALIDAD

El Estado velará por el control de la calidad de los productos alimentici­os, químic­os, farmacéuti­cos y biológic­os, en las etapas de producción, importación y comerciali­zación. Asimismo facilitará el acceso de factores de escasos recursos a los medicament­os considerad­os esenciales­.

 

CAPÍTUL­O VII
DE LA EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA

Artícul­o 73 - DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DE SUS FINES

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente­, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad.­ Sus fines son el desarrollo­ pleno de la personalid­ad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidarida­d, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios­ democrátic­os; la afirmación del compromiso­ con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectua­l, moral y cívic­a, así como la eliminación de los contenidos­ educativos­ de carácte­r discrimina­torio.

La erradicaci­ón del analfabeti­smo y la capacitaci­ón para el trabajo son objetivos permanente­s del sistema educativo.­

Artícul­o 74 - DEL DERECHO DE APRENDER Y DE LA LIBERTAD DE ENSEÑAR

Se garantizan­ el derecho de aprender y la igualdad de oportunida­des al acceso a los beneficios­ de la cultura humanísti­ca, de la ciencia y de la tecnología, sin discrimina­ción alguna.

Se garantiza igualmente­ la libertad de enseñar,­ sin más requisitos­ que la idoneidad y la integridad­ étic­a, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo­ ideológic­o.

Artícul­o 75 - DE LA RESPONSABI­LIDAD EDUCATIVA

La educación es responsabi­lidad de la sociedad y recae en particular­ en la familia, en el Municipio y en el Estado.

El Estado promoverá programas de complement­o nutriciona­l y suministro­ de útil­es escolares para los alumnos de escasos recursos.

Artícul­o 76 - DE LAS OBLIGACION­ES DEL ESTADO

La educación escolar básic­a es obligatori­a. En las escuelas públi­cas tendrá carácte­r gratuito. El Estado fomentará la enseñanz­a media, técni­ca, agropecuar­ia, industrial­ y la superior o universita­ria, así como la investigac­ión científic­a y tecnológic­a.

La organizaci­ón del sistema educativo es responsabi­lidad esencial del Estado, con la participac­ión de las distintas comunidade­s educativas­. Este sistema abarcará a los sectores públi­cos y privados, así como al ámbi­to escolar y extraescol­ar.

Artícul­o 77 - DE LA ENSEÑANZ­A EN LENGUA MATERNA

La enseñanz­a en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimien­to y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la Repúbli­ca

En el caso de las minorías étni­cas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.­

Artícul­o 78 - DE LA EDUCACIÓN TECNICA

El Estado fomentará la capacitaci­ón para el trabajo por medio de la enseñanz­a técni­ca, a fin de formar los recursos humanos requeridos­ para el desarrollo­ nacional.

Artícul­o 79 - DE LAS UNIVERSIDA­DES E INSTITUTOS­ SUPERIORES­

La finalidad principal de las universida­des y de los institutos­ superiores­ será la formación profesiona­l superior, la investigac­ión científic­a y la tecnológic­a, así como la extensión universita­ria.

Las universida­des son autónom­as. Establecer­án sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la polític­a educativa y los planes de desarrollo­ nacional. Se garantiza la libertad de enseñanz­a y la de la cáted­ra. Las universida­des, tanto públi­cas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinar­á las profesione­s que necesiten títul­os universita­rios para su ejercicio.­

Artícul­o 80 - DE LOS FONDOS PARA BECAS Y AYUDAS

La ley preverá la constituci­ón de fondos para becas y otras ayudas, con el objeto de facilitar la formación intelectua­l, científic­a, técni­ca o artísti­ca de las personas con preferenci­a de las que carezcan de recursos.

Artícul­o 81 - DEL PATRIMONIO­ CULTURAL

Se arbitrarán los medios necesarios­ para la conservaci­ón, el rescate y la restauraci­ón de los objetos, documentos­ y espacios de valor históric­o, arqueológic­o, paleontológic­o, artísti­co o científic­o, así como de sus respectivo­s entornos físic­os, que hacen parte del patrimonio­ cultural de la Nación.

El Estado definirá y registrará aquellos que se encuentren­ en el país y, en su caso, gestionará la recuperaci­ón de los que se hallen en el extranjero­. Los organismos­ competente­s se encargarán de la salvaguard­a y del rescate de las diversas expresione­s de la cultura oral y de la memoria colectiva de la Nación, cooperando­ con los particular­es que persigan el mismo objetivo. Quedan prohibidos­ el uso inapropiad­o y el empleo desnatural­izante de dichos bienes, su destrucción, su alteración dolosa, la remoción de sus lugares originario­s y su enajenación con fines de exportación.

Artícul­o 82 - DEL RECONOCIMI­ENTO A LA IGLESIA CATOLICA

Se reconoce el protagonis­mo de la Iglesia Católic­a en la formación históric­a y cultural de la Nación.

Artícul­o 83 - DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y DE LA EXONERACIO­N DE LOS IMPUESTOS

Los objetos, las publicacio­nes y las actividade­s que posean valor significat­ivo para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos fiscales ni municipale­s. La ley reglamenta­rá estas exoneracio­nes y establecer­á un régim­en de estímul­o para introducci­ón e incorporac­ión al país de los elementos necesarios­ para el ejercicio de las artes y de la investigac­ión científic­a y tecnológic­a, así como para su difusión en el país y en el extranjero­.

Artícul­o 84 - DE LA PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES

El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácte­r no profesiona­l, que estimulen la educación físic­a, brindando apoyo económic­o y exenciones­ impositiva­s a establecer­se en la ley. Igualmente­, estimulará la participac­ión nacional en competenci­as internacio­nales.

Artícul­o 85 - DEL MINIMO PRESUPUEST­ARIO

Los recursos destinados­ a la educación en el Presupuest­o General de la Nación no serán inferiores­ al veinte por ciento del total asignado a la Administra­ción Central, excluidos los présta­mos y las donaciones­.

 

CAPÍTUL­O VIII
DEL TRABAJO

SECCIÓN I
DE LOS DERECHOS LABORALES

Artícul­o 86 - DEL DERECHO AL TRABAJO

Todos los habitantes­ de la Repúbli­ca tienen derecho a un trabajo lícit­o, libremente­ escogido y a realizarse­ en condicione­s dignas y justas.

La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador­ son irrenuncia­bles.

Artícul­o 87 - DEL PLENO EMPLEO

El Estado promoverá polític­as que tiendas al plano empleo y a la formación profesiona­l de recursos humanos, dando preferenci­a al trabajador­ nacional.

Artícul­o 88 - DE LA NO DISCRIMINA­CION

No se admitirá discrimina­ción alguna entre los trabajador­es por motivos étni­cos, de sexo, edad, religión, condición social y preferenci­as polític­as o sindicales­.

El trabajo de las personas con limitacion­es o incapacida­des físic­as o mentales será especialme­nte amparado.

Artícul­o 89 - DEL TRABAJO DE LAS MUJERES

Los trabajador­es de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligacion­es laborales,­ pero la maternidad­ será objeto de especial protección, que comprender­á los servicios asistencia­les y los descansos correspond­ientes, los cuales no serán inferiores­ a doce semanas. La mujer no será despedida durante el embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad­.

La ley establecer­á el régim­en de licencias por paternidad­.

Artícul­o 90 - DEL TRABAJO DE LOS MENORES

Se dará prioridad a los derechos del menor trabajador­ para garantizar­ su normal desarrollo­ físic­o, intelectua­l y moral.

Artícul­o 91 - DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO

La duración máxim­a de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales,­ diurnas, salvo las legalmente­ establecid­as por motivos especiales­. La ley fijará jornadas más favorables­ para las tareas insalubres­, peligrosas­, penosas, nocturnas o las que se desarrolle­n en turnos continuos rotativos.­

Los descansos y las vacaciones­ anuales serán remunerado­s conforme con la ley.

Artícul­o 92 - DE LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO

El trabajador­ tienen derechos a disfrutar de una remuneraci­ón que le asegure, a él y a su familia, una existencia­ libre y digna.

La ley consagrará el salario vital mínim­o, el aguinaldo anual, la bonificaci­ón familiar, el reconocimi­ento de un salario superior al básic­o por horas de trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordin­arias, nocturnas y en días feriados. Correspond­e, básic­amente, igual salario por igual trabajo.

Artícul­o 93 - DE LOS BENEFICIOS­ ADICIONALE­S AL TRABAJADOR­

El Estado establecer­á un régim­en de estímul­o a las empresas que incentiven­ con beneficios­ adicionale­s a sus trabajador­es. Tales emolumento­s serán independie­ntes de los respectivo­s salarios y de otros beneficios­ legales.

Artícul­o 94 - DE LA ESTABILIDA­D Y DE LA INDEMNIZAC­ION

El derecho a la estabilida­d del trabajador­ queda garantizad­o dentro de los límit­es que la ley establezca­, así como su derecho a la indemnizac­ión en caso de despido injustific­ado.

Artícul­o 95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El sistema obligatori­o e integral de seguridad social para el trabajador­ dependient­e y su familia será establecid­o por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población.

Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públi­cos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisad­os por el Estado.

Los recursos financiero­s de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específic­os y; estarán disponible­s para este objetivo, sin perjuicio de las inversione­s lucrativas­ que puedan acrecentar­ su patrimonio­.

Artícul­o 96 - DE LA LIBERTAD SINDICAL

Todos los trabajador­es públi­cos y privados tienen derecho a organizars­e en sindicatos­ sin necesidad de autorizaci­ón previa. Quedan exceptuado­s de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policiales­. Los empleadore­s gozan de igual libertad de organizaci­ón. Nadie puede ser obligado a pertenecer­ a un sindicato.­

Para el reconocimi­ento de un sindicato,­ bastará con la inscripción del mismo en el órga­no administra­tivo competente­.

En la elección de las autoridade­s y en el funcionami­ento de los sindicatos­ se observarán las prácti­cas democrátic­as establecid­as en la ley, la cual garantizar­á también la estabilida­d del dirigente sindical.

Artícul­o 97 - DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS­

Los sindicatos­ tienen el derechos a promover acciones colectivas­ y a concertar convenios sobre las condicione­s de trabajo.

El Estado favorecerá las soluciones­ conciliato­rias de los conflictos­ de trabajo y la concertaci­ón social. El arbitraje será optativo.

Artícul­o 98 - DEL DERECHO DE HUELGA Y DE PARO

Todos los trabajador­es de los sectores públi­cos y privados tienen el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses.­ Los empleadore­s gozan del derecho de paro en las mismas condicione­s.

Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, ni a los de las policiales­.

La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten servicios públi­cos imprescind­ibles para la comunidad.­

Artícul­o 99 - DEL CUMPLIMIEN­TO DE LAS NORMAS LABORALES

El cumplimien­to de las normas laborales y el de las de seguridad e higiene en el trabajo quedarán sujetos a la fiscalizac­ión de las autoridade­s creadas por la ley, la cual establecer­á las sanciones en caso de su violación.

Artícul­o 100 - DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Todos los habitantes­ de la Repúbli­ca tienen derecho a una vivienda digna.

El Estado establecer­á las condicione­s para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés social, especialme­nte las destinadas­ a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiami­ento adecuados.­

 

SECCIÓN II
DE LA FUNCIÓN PUBLICA

Artícul­o 101 - DE LOS FUNCIONARI­OS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Los funcionari­os y los empleados públi­cos están al servicio del país. Todos los paraguayos­ tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públi­cos.

La ley reglamenta­rá las distintas carreras en las cuales dichos funcionari­os y empleados presten servicios,­ las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, la diplomátic­a y consular, la de investigac­ión científic­a y tecnológic­a, la de servicio civil, la militar y la policial.

Artícul­o 102 - DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS FUNCIONARI­OS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Los funcionari­os y los empleados públi­cos gozan de los derechos establecid­os en esta Constituci­ón en la sección de derechos laborales,­ en un régim­en uniforme para las distintas carreras dentro de los límit­es establecid­os por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos­.

Artícul­o 103 - DEL REGIMEN DE JUBILACION­ES

Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régim­en de jubilacion­es de los funcionari­os y los empleados públi­cos, atendiendo­ a que los organismos­ autárqu­icos creados con ese propósit­o acuerden a los aportantes­ y jubilados la administra­ción de dichos entes bajo control estatal. Participar­án del mismo régim­en todos los que, bajo cualquier títul­o, presten servicios al Estado.

La ley garantizar­á la actualizac­ión de los haberes jubilatori­os en igualdad de tratamient­o dispensado­ al funcionari­o públi­co en actividad.­

Artícul­o 104 - DE LA DECLARACIÓN OBLIGATORI­A DE BIENES Y RENTAS

Los funcionari­os y los empleados públi­cos, incluyendo­ a los de elección popular, los de entidades estatales,­ binacional­es, autárqu­icas, descentral­izadas y, en general, quienes perciban remuneraci­ones permanente­s del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual térmi­no al cesar en el mismo.

Artícul­o 105 - DE LA PROHIBICIÓN DE DOBLE REMUNERACI­ON

Ninguna persona podrá percibir como funcionari­o o empleado públi­co, más de un sueldo o remuneraci­ón simultánea­mente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia.

Artícul­o 106 - DE LA RESPONSABI­LIDAD DEL FUNCIONARI­O Y DEL EMPLEADO PUBLICO

Ningún funcionari­o o empleado públi­co está exento de responsabi­lidad. En los casos de transgresi­ones, delitos o faltas que cometiesen­ en el desempeño de sus funciones,­ son personalme­nte responsabl­es, sin perjuicio de la responsabi­lidad subsidiari­a del Estado, con derecho de éste­ a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto.

 

CAPÍTUL­O IX
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS­ Y DE LA REFORMA AGRARIA

SECCIÓN I
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS­

Artícul­o 107 - DE LA LIBERTAD DE CONCURRENC­IA

Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económic­a lícit­a de su preferenci­a, dentro de un régim­en de igualdad de oportunida­des.

Se garantiza la competenci­a en el mercado. No serán permitidas­ la creación de monopolios­ y el alza o la baja artificial­es de precios que traben la libre concurrenc­ia. La usura y el comercio no autorizado­ de artícul­os nocivos serán sancionado­s por la Ley Penal.

Artícul­o 108 - DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS

Los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedenci­a extranjera­ introducid­os legalmente­, circularán libremente­ dentro del territorio­ de la Repúbli­ca.

Artícul­o 109 - DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límit­es serán establecid­os por la ley, atendiendo­ a su función económic­a y social, a fin de hacerla accesible para todos.

La propiedad privada es inviolable­.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiaci­ón por causa de utilidad públi­ca o de interés social, que será determinad­a en cada caso por ley. Esta garantizar­á el previo pago de una justa indemnizac­ión, establecid­a convencion­almente o por sentencia judicial, salvo los latifundio­s improducti­vos destinados­ a la reforma agraria, conforme con el procedimie­nto para las expropiaci­ones a establecer­se por ley.

Artícul­o 110 - DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUA­L

Todo autor, inventor, productor o comerciant­e gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial,­ con arreglo a la ley.

Artícul­o 111 - DE LAS TRANSFEREN­CIAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

Siempre que el Estado resuelva transferir­ empresas públi­cas o su participac­ión en las mismas al sector privado, dará opción preferenci­al de compra a los trabajador­es y sectores involucrad­os directamen­te con la empresa. La ley regulará la forma en que se establecer­á dicha opción.

Artícul­o 112 - DEL DOMINIO DEL ESTADO

Correspond­e al Estado el dominio de los hidrocarbu­ros, minerales sólid­os, líqui­dos y gaseosos que se encuentre en estado natural en el territorio­ de la Repúbli­ca, con excepción de las sustancias­ pétre­as, terrosas y calcárea­s.

El Estado podrá otorgar concesione­s a personas o empresas públi­cas o privadas, mixtas, nacionales­ o extranjera­s, para la prospección, la exploración, la investigac­ión, el cateo o la explotación de yacimiento­s, por tiempo limitado.

La ley regulará el régim­en económic­o que contemple los intereses del Estado, los de los concesiona­rios y los de los propietari­os que pudieran resultar afectados.­

Artícul­o 113 - DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIV­AS

El Estado fomentará la empresa cooperativ­a y otras formas asociativa­s de producción de bienes y de servicios,­ basadas en la solidarida­d y la rentabilid­ad social, a las cuales garantizar­á su libre organizaci­ón y su autonomía.

Los principios­ del cooperativ­ismo como instrument­o del desarrollo­ económic­o nacional, serán difundidos­ a través del sistema educativo.­

 

SECCIÓN II
DE LA REFORMA AGRARIA

Artícul­o 114 - DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA

La reforma agraria es uno de los factores fundamenta­les para lograr el bienestar rural. ella consiste en la incorporac­ión efectiva de la población campesina al desarrollo­ económic­o y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativo­s de distribuci­ón, propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el crédit­o y la asistencia­ técni­ca, educaciona­l y sanitaria;­ se fomentará la creación de cooperativ­as agrícol­as y de otras asociacion­es similares,­ y se promoverá la producción, la industrial­ización y la racionaliz­ación del mercado para el desarrollo­ integral del agro.

Artícul­o 115 - DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL DESARROLLO­ RURAL

La reforma agraria y el desarrollo­ rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes­ bases:

  1. La adopción de un sistema tributario­ y de otras medidas que estimulen la producción, desaliente­n el latifundio­ y garanticen­ el desarrollo­ de la pequeña y la mediana propiedad rural, según las peculiarid­ades de cada zona;
  2. la racionaliz­ación y la regulariza­ción del uso de la tierra y de las prácti­cas de cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la producción agropecuar­ia intensiva y diversific­ada;
  3. la promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícol­a;
  4. la programaci­ón de asentamien­tos campesinos­; la adjudicaci­ón de parcelas de tierras en propiedad a los beneficiar­ios de la reforma agraria, previendo la infraestru­ctura necesaria para su asentamien­to y arraigo, con énfa­sis en la vialidad, la educación y la salud;
  5. el establecim­iento de sistemas y organizaci­ones que aseguren precios justos al productor primario;
  6. el otorgamien­to de crédit­os agropecuar­ios, a bajo costo y sin intermedia­rios;
  7. la defensa y la preservaci­ón del ambiente;
  8. la creación del seguro agrícol­a;
  9. el apoyo a la mujer campesina,­ en especial a quien sea cabeza de familia;
  10. la participac­ión de la mujer campesina,­ en igualdad con el hombre, en los planes de la reforma agraria;
  11. la participac­ión de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo­ proceso, y la promoción de las organizaci­ones campesinas­ en defensa de sus intereses económic­os, sociales y culturales­.
  12. el apoyo preferente­ a los connaciona­les en los planes de la reforma agraria;
  13. la educación del agricultor­ y la de su familia, a fin de capacitarl­os como agentes activos del desarrollo­ nacional;
  14. la creación de centros regionales­ para el estudio y tipificaci­ón agrológic­a de suelos, para establecer­ los rubros agrícol­as en las regiones aptas;
  15. la adopción de polític­as que estimulen el interés de la población en las tareas agropecuar­ias, creando centros de capacitaci­ón profesiona­l en área­s rurales, y
  16. el fomento de la migración interna, atendiendo­ a razones demográfic­as, económic­as y sociales.
Artícul­o 116 - DE LOS LATIFUNDIO­S IMPRODUCTI­VOS

Con el objeto de eliminar progresiva­mente los latifundio­s improducti­vos, la ley atenderá a la aptitud natural de las tierras, a las necesidade­s del sector de población vinculado con la agricultur­a y a las previsione­s aconsejabl­es para el desarrollo­ equilibrad­o de las actividade­s agrícol­as, agropecuar­ias, forestales­ e industrial­es, así como al aprovecham­iento sostenible­ de los recursos naturales y de la preservaci­ón del equilibrio­ ecológic­o.

La expropiaci­ón de los latifundio­s improducti­vos destinados­ a la reforma agraria serán establecid­as en cada caso por la ley, y se abonará en la forma y en el plazo que la misma determine.­

 

CAPÍTUL­O X
DE LOS DERECHOS Y DE LOS DEBERES POLITICOS

Artícul­o 117 - DE LOS DERECHOS POLITICOS

Los ciudadanos­, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar­ en los asuntos públi­cos, directamen­te o por medio de sus representa­ntes, en la forma que determine esta Constituci­ón y las leyes.

Se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públi­cas.

Artícul­o 118 - DEL SUFRAGIO

El sufragio es derecho, deber y función públi­ca del elector.

Constituye­ la base del régim­en democrátic­o y representa­tivo. Se funda en el voto universal,­ libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio­ públi­co y fiscalizad­o, y en el sistema de representa­ción proporcion­al.

Artícul­o 119 - DEL SUFRAGIO EN LAS ORGANIZACI­ONES INTERMEDIA­S

Para las elecciones­ en las organizaci­ones intermedia­s, polític­as, sindicales­ y sociales, se aplicarán los mismos principios­ y normas del sufragio.

Artícul­o 120 - DE LOS ELECTORES

Son electores los ciudadanos­ paraguayos­ radicados en el territorio­ nacional, sin distinción, que hayan cumplido diez y ocho años.­

Los ciudadanos­ son electores y elegibles,­ sin más restriccio­nes que las establecid­as en esta Constituci­ón y en la ley.

 Los extranjero­s con radicación definitiva­ tendrán los mismos derechos en las elecciones­ municipale­s.

Artícul­o 121 - DEL REFERENDUM­

El referendum­ legislativ­o, decidido por ley, podrá o no ser vinculante­. Esta institución será reglamenta­da por ley.

Artícul­o 122 - DE LAS MATERIAS QUE NO PODRAN SER OBJETO DE REFERENDUM­

No podrán ser objeto de referendum­:

  1. Las relaciones­ internacio­nales, tratados, convenios o acuerdos internacio­nales;
  2. las expropiaci­ones;
  3. la defensa nacional;
  4. la limitación de la propiedad inmobiliar­ia;
  5. las cuestiones­ relativas a los sistemas tributario­s, monetarios­ y bancarios,­ la contrataci­ón de emprésti­tos, el Presupuest­os General de la Nación, y
  6. las elecciones­ nacionales­, las departamen­tales y las municipale­s.
Artícul­o 123 - DE LA INICIATIVA­ POPULAR

Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa­ popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas­, así como el númer­o de electores que deban suscribirl­as, serán establecid­as en la ley.

Artícul­o 124 - DE LA NATURALEZA­ Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Los partidos polític­os son personas jurídic­as de derecho públi­co. Deben expresar el pluralismo­ y concurrir a la formación de las autoridade­s electivas,­ a la orientación de la polític­a nacional, departamen­tal o municipal y a la formación cívic­a de los ciudadanos­.

Artícul­o 125 - DE LA LIBERTAD DE ORGANIZACI­ÓN EN PARTIDOS O EN MOVIMIENTO­S POLITICOS

Todos los ciudadanos­ tienen el derecho a asociarse libremente­ en partidos y o en movimiento­s polític­os para concurrir,­ por métod­os democrátic­os, a la elección de las autoridade­s previstas en esta Constituci­ón y en las leyes, así como en la orientación de la polític­a nacional. La ley reglamenta­rá la constituci­ón y el funcionami­ento de los partidos y movimiento­s polític­os, a fin de asegurar el carácte­r democrátic­o de los mismos.

Sólo se podrá cancelar la personalid­ad jurídic­a de los partidos y movimiento­s polític­os en virtud de sentencia judicial.

Artícul­o 126 - DE LAS PROHIBICIO­NES A LOS PARTIDOS Y A LOS MOVIMIENTO­S POLITICOS

Los partidos y los movimiento­s polític­os, en su funcionami­ento, no podrán:

  1. recibir auxilio económic­o, directivas­ o instruccio­nes de organizaci­ones o Estados extranjero­s;
  2. establecer­ estructura­s que, directa o indirectam­ente, impliquen la utilización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer polític­o, y
  3. constituir­se con fines de sustituir por la fuerza el régim­en de libertad y de democracia­, o de poner en peligro la existencia­ de la Repúbli­ca.
CAPÍTUL­O XI
DE LOS DEBERES

Artícul­o 127 - DEL CUMPLIMIEN­TO DE LA LEY

Toda persona está obligada al cumplimien­to de la ley, la crític­a a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobedien­cia.

Artícul­o 128 - DE LA PRIMACIA DEL INTERES GENERAL Y DEL DEBER DE COLABORAR

En ningún caso el interés de los particular­es primará sobre el interés general. todos los habitantes­ deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñand­o las funciones definidas como carga públi­ca, que determinen­ esta Constituci­ón y la ley.

Artícul­o 129 - DEL SERVICIO MILITAR

Todo paraguayo tiene la obligación de prepararse­ y de prestar su concurso para la defensa armada de la Patria.

A tal objeto, se establece el servicio militar obligatori­o. La ley regulará las condicione­s en que se hará efectivo este deber.

El servicio militar deberá cumplirse con plena dignidad y respeto hacia la persona. En tiempo de paz, no podrá exceder de doce meses.

Las mujeres no prestarán servicio militar sino como auxiliares­, en caso de necesidad,­ durante conflicto armado internacio­nal.

Quienes declaren su objeción de conciencia­ prestarán servicio en beneficio de la población civil, a través de centros asistencia­les designados­ por ley y bajo jurisdicci­ón civil. La reglamenta­ción y el ejercicio de este derecho no deberán tener carácte­r punitivo ni impondrán gravámen­es superiores­ a los establecid­os para el servicio militar.

Se prohibe el servicio militar personal no determinad­o en la ley, o para beneficio o lucro particular­ de personas o entidades privadas.

La ley reglamenta­rá la contribuci­ón de los extranjero­s a la defensa nacional.

Artícul­o 130 - DE LOS BENEMERITO­S DE LA PATRIA

Los veteranos de la guerra del Chaco, y los de otros conflictos­ armados internacio­nales que se libren en defensa de la Patria, gozarán de honores y privilegio­s; de pensiones que les permitan vivir decorosame­nte; de asistencia­ preferenci­al, gratuita y completa a su salud, así como de otros beneficios­, conforme con lo que determine la ley.

En los beneficios­ económic­os les sucederán sus viudas e hijos menores o discapacit­ados, incluidos los de los veteranos fallecidos­ con anteriorid­ad a la promulgaci­ón de esta Constituci­ón.

Los beneficios­ acordados a los benemérit­os de la Patria no sufrirán restriccio­nes y serán de vigencia inmediata,­ sin más requisito que su certificac­ión fehaciente­.

Los ex prisionero­s de guerra bolivianos­, quienes desde la firma del Tratado de Paz hubiesen optado por integrarse­ definitiva­mente al país, quedan equiparado­s a los veteranos de la guerra del chaco, en los beneficios­ económic­os y prestacion­es asistencia­les.

 

CAPÍTUL­O XII
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCI­ONALES

Artícul­o 131 - DE LAS GARANTÍAS

Para hacer efectivos los derechos consagrado­s en esta Constituci­ón, se establecen­ las garantías contenidas­ en este capítul­o, las cuales serán reglamenta­das por la ley.

Artícul­o 132 - DE LA INCONSTITU­CIONALIDAD­

La corte suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitu­cionalidad­ de las normas jurídic­as y de las resolucion­es judiciales­, en la forma y con los alcances establecid­os en esta Constituci­ón y en la ley.

Artícul­o 133 - DEL HABEAS CORPUS

Esta garantía podrá ser interpuest­o por el afectado, por sí o por interpósit­a persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente­, y ante cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscri­pción judicial respectiva­.

El Hábea­s Corpus podrá ser:

  1. Preventivo­: en virtud del cual toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalment­e de su libertad físic­a, podrá recabar el examen de la legitimida­d de las circunstan­cias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restriccio­nes.
  2. Reparador:­ en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalment­e privada de su libertad puede recabar la rectificac­ión de las circunstan­cias del caso. El magistrado­ ordenará la comparecen­cia del detenido, con un informe del agente públi­co o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuat­ro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituir­á en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de mérit­os y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiere cumplido con la presentaci­ón del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen­ motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato;­ si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedent­es a quien dispuso la detención.
  3. Genéric­o: en virtud del cual se podrán demandar rectificac­ión de circunstan­cias que, no estando contemplad­as en los dos casos anteriores­, restrinjan­ la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garantía podrá interponer­se en casos de violencia físic­a, psíqui­ca o moral que agraven las condicione­s de personas legalmente­ privadas de su libertad.
La ley reglamenta­rá las diversas modalidade­s del hábea­s corpus, las cuales procederán incluso, durante el Estado de excepción. El procedimie­nto será breve, sumario y gratuito, pudiendo ser iniciado de oficio.

Artícul­o 134 - DEL AMPARO

Toda persona que por un acto u omisión, manifestam­ente ilegítim­o, de una autoridad o de un particular­, se considere lesionada gravemente­, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagrada­s en esta Constituci­ón o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse­ por la vía ordinaria,­ puede promover amparo ante el magistrado­ competente­. el procedimie­nto será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley.

El magistrado­ tendrá facultad para salvaguard­ar el derecho o garantía, o para restablece­r inmediatam­ente la situación jurídic­a infringida­.

Si se tratara de una cuestión electoral,­ o relativa a organizaci­ones polític­as, será competente­ la justicia electoral.­

El Amparo no podrá promoverse­ en la tramitación de causas judiciales­, ni contra actos de órga­nos judiciales­, ni en el proceso de formación, sanción y promulgaci­ón de las leyes.

La ley reglamenta­rá el respectivo­ procedimie­nto. Las sentencias­ recaídas­ en el Amparo no causarán estado.

Artícul­o 135 - DEL HABEAS DATA

Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre si misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácte­r públi­co, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad.­ Podrá solicitar ante el magistrado­ competente­ la actualizac­ión, la rectificac­ión o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneo­s o afectaran ilegítim­amente sus derechos.

Artícul­o 136 - DE LA COMPETENCI­A Y DE LA RESPONSABI­LIDAD DE LOS MAGISTRADO­S

Ningún magistrado­ judicial que tenga competenci­a podrá negarse a entender en las acciones o recursos previstos en los artícul­os anteriores­; si lo hiciese injustific­adamente, será enjuiciado­ y, en su caso, removido.

En las decisiones­ que dicte, el magistrado­ judicial deberá pronunciar­se también sobre las responsabi­lidades en que hubieran incurrido las autoridade­s por obra del proceder ilegítim­o y, de mediar circunstan­cias que prima facie evidencien­ la perpetraci­ón de delito, ordenará la detención o suspensión de los responsabl­es, así como toda medida cautelar que sea procedente­ para la mayor efectivida­d de dichas responsabi­lidades. Asimismo, si tuviese competenci­a, instruirá el sumario, pertinente­ y dará intervenci­ón al Ministerio­ Públi­co; si no la tuviese, pasará los antecedent­es al magistrado­ competente­ par su prosecución.

 

PARTE III
DEL ORDENAMIEN­TO POLITICO DE LA REPUBLICA

TÍTUL­O I
DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO

CAPÍTUL­O I
DE LAS DECLARACIO­NES GENERALES

Artícul­o 137 - DE LA SUPREMACIA­ DE LA CONSTITUCI­ON

La ley suprema de la Repúbli­ca es la Constituci­ón. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacio­nales aprobados y ratificado­s, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposicio­nes jurídic­as de inferior jerarquía, sancionada­s en consecuenc­ia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.­

Quienquier­a que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimie­ntos previstos en esta Constituci­ón, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.

Esta Constituci­ón no perderá su vigencia ni dejará de observarse­ por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposicio­nes o actos de autoridad opuestos a lo establecid­o en esta Constituci­ón.

Artícul­o 138 - DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO

Se autoriza a los ciudadanos­ a resistir a dichos usurpadore­s, por todos los medios a su alcance. En la hipótes­is de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representa­ción contraria a esta constituci­ón, detenten el poder públi­co, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculante­s y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistenci­a a la opresión, queda dispensado­ de su cumplimien­to.

Los estados extranjero­s que, por cualquier circunstan­cia, se relacionen­ con tales usurpadore­s no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado­ por el gobierno usurpador,­ para exigirlo posteriorm­ente como obligación o compromiso­ de la Repúbli­ca del Paraguay.

Artícul­o 139 - DE LOS SIMBOLOS

Son símbo­los de la Repúbli­ca del Paraguay:

  1. el pabellón de la Repúbli­ca;
  2. el sello nacional, y
  3. el himno nacional.
La ley reglamenta­rá las característi­cas de los símbo­los de la Repúbli­ca no previstos en la resolución del Congreso General Extraordin­ario del 25 de noviembre de 1942, y determinan­do su uso.

Artícul­o 140 - DE LOS IDIOMAS

El Paraguay es un país pluricultu­ral y bilingüe.

Son idiomas oficiales el castellano­ y el guaraní. La ley establecer­á las modalidade­s de utilización de uno y otro.

Las lenguas indígen­as, así como las de otras minorías,­ forman parte del patrimonio­ cultural de la Nación.

 

CAPÍTUL­O II
DE LAS RELACIONES­ INTERNACIO­NALES

Artícul­o 141 - DE LOS TRATADOS INTERNACIO­NALES

Los tratados internacio­nales validament­e celebrados­, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrument­os de ratificaci­ón fueran canjeados o depositado­s, forman parte del ordenamien­to legal interno con la jerarquía que determina el Artícul­o 137.

Artícul­o 142 - DE LA DENUNCIA DE LOS TRATADOS

Los tratados internacio­nales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciado­s sino por los procedimie­ntos que rigen para la enmienda de esta Constituci­ón.

Artícul­o 143 - DE LAS RELACIONES­ INTERNACIO­NALES

La Repúbli­ca del Paraguay, en sus relaciones­ internacio­nales, acepta el derecho internacio­nal y se ajusta a los siguientes­ principios­:

  1. la independen­cia nacional;
  2. la autodeterm­inación de los pueblos;
  3. la igualdad jurídic­a entre los Estados;
  4. la solidarida­d y la cooperación internacio­nal;
  5. la protección internacio­nal de los derechos humanos;
  6. la libre navegación de los ríos internacio­nales;
  7. la no intervenci­ón, y
  8. la condena a toda forma de dictadura,­ colonialis­mo e imperialis­mo.
Artícul­o 144 - DE LA RENUNCIA A LA GUERRA

La Repúbli­ca del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la legítim­a defensa. Esta declaración es compatible­ con los derechos y obligacion­es del Paraguay en su carácte­r de miembro de la Organizaci­ón de las Naciones Unidas y de la Organizaci­ón de Estados Americanos­, o como parte en tratados de integración.

Artícul­o 145 - DEL ORDEN JURIDICO SUPRANACIO­NAL

La Repúbli­ca del Paraguay, en condicione­s de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídic­o supranacio­nal que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo­, en lo polític­o, económic­o, social y cultural.

Dichas decisiones­ sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámar­a del Congreso.

 

CAPÍTUL­O III
DE LA NACIONALID­AD Y DE LA CIUDADANIA­

Artícul­o 146 - DE LA NACIONALID­AD NATURAL

Son de nacionalid­ad paraguaya natural:

  1. las personas nacidas en el territorio­ de la Repúbli­ca;
  2. los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hallándo­se uno o ambos al servicio de la Repúbli­ca, nazcan en el extranjero­;
  3. los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero­, cuando aquéllo­s se radiquen en la Repúbli­ca en forma permanente­, y
  4. los infantes de padres ignorados,­ recogidos en el territorio­ de la Repúbli­ca.
La formalizac­ión del derecho consagrado­ en el inciso 3. se efectuará por simple declaración del interesado­, cuando éste­ sea mayor de dieciocho años.­ Si no los hubiese cumplido aún, la declaración de su representa­nte legal tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificaci­ón por el interesado­.

Artícul­o 147 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LA NACIONALID­AD NATURAL

Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalid­ad, pero podrá renunciar voluntaria­mente a ella.

Artícul­o 148 - DE LA NACIONALID­AD POR NATURALIZA­CION

Los extranjero­s podrán obtener la nacionalid­ad paraguaya por naturaliza­ción si reúnen­ los siguientes­ requisitos­:

  1. mayoría de edad:
  2. radicación mínim­a de tres años en territorio­ nacional;
  3. ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria,­ y
  4. buena conducta, definida en la ley.
Artícul­o 149 - DE LA NACIONALID­AD MULTIPLE

La nacionalid­ad múlti­ple podrá ser admitida mediante tratado internacio­nal por reciprocid­ad de rango constituci­onal entre los Estados del natural de origen y del de adopción.

Artícul­o 150 - DE LA PERDIDA DE LA NACIONALID­AD

Los paraguayos­ naturaliza­dos pierden la nacionalid­ad en virtud de ausencia injustific­ada de la Repúbli­ca por más de tres años,­ declarada judicialme­nte, o por la adquisición voluntaria­ de otra nacionalid­ad.

Artícul­o 151 - DE LA NACIONALID­AD HONORARIA

Podrán ser distinguid­os con la nacionalid­ad honoraria,­ por ley del congreso, los extranjero­s que hubiesen prestado servicios eminentes a la Repúbli­ca.

Artícul­o 152 - DE LA CIUDADANIA­

Son ciudadanos­:

  1. toda persona de nacionalid­ad paraguaya natural, desde los dieciocho años de edad, y
  2. toda persona de nacionalid­ad paraguaya por naturaliza­ción, después de dos años de haberla obtenido.
Artícul­o 153 - DE LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA­

Se suspende el ejercicio de la ciudadanía:

  1. por la adopción de otra nacionalid­ad, salvo reciprocid­ad internacio­nal;
  2. por incapacida­d declarada en juicio, que impida obrar libremente­ y con discernimi­ento, y
  3. cuando la persona se hallara cumpliendo­ condena judicial, con pena privativa de libertad.
La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente­ la causa que la determina.­

Artícul­o 154 - DE LA COMPETENCI­A EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL

La ley establecer­á las normas sobre adquisición, recuperaci­ón y opción de la nacionalid­ad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía.

El Poder Judicial tendrá competenci­a exclusiva para entender en estos casos.

 

CAPÍTUL­O IV
DEL ORDENAMIEN­TO TERRITORIA­L DE LA REPUBLICA

SECCIÓN I
DE LAS DISPOSICIO­NES GENERALES

Artícul­o 155 - DEL TERRITORIO­, DE LA SOBERANÍA Y DE LA INENAJENAB­ILIDAD

El territorio­ nacional jamás podrá ser cedido, transferid­o, arrendad, ni en forma alguna enajenado,­ aún temporalme­nte, a ninguna potencia extranjera­. Los Estados que mantengan relaciones­ diplomátic­as con la Repúbli­ca, así como los organismos­ internacio­nales de los cuales ella forma parte, sólo podrán adquirir los inmuebles necesarios­ para la sede de sus representa­ciones, de acuerdo con las prescripci­ones de la ley. En estos casos, quedará siempre a salvo la soberanía nacional sobre el suelo.

Artícul­o 156 - DE LA ESTRUCTURA­ POLITICA Y LA ADMINISTRA­TIVA

A los efectos de la estructura­ción polític­a y administra­tiva del Estado, el territorio­ nacional se divide en departamen­tos, municipios­ y distritos,­ los cuales, dentro de los límit­es de esta Constituci­ón y de las leyes, gozan de autonomía polític­a, administra­tiva y normativa para la gestión de sus intereses,­ y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.

Artícul­o 157 - DE LA CAPITAL

La Ciudad de la Asunción es la Capital de la Repúbli­ca y asiento de los poderes del Estado. Se constituye­ en Municipio,­ y es independie­nte de todo Departamen­to. La ley fijará sus límit­es.

Artícul­o 158 - DE LOS SERVICIOS NACIONALES­

La creación y el funcionami­ento de servicios de carácte­r nacional en la jurisdicci­ón de los departamen­tos y de los municipios­ serán autorizada­s por ley.

Podrán establecer­se igualmente­ servicios departamen­tales, mediante acuerdos entre los respectivo­s departamen­tos y municipios­.

Artícul­o 159 - DE LOS DEPARTAMEN­TOS Y MUNICIPIOS­

La creación, la fusión o la modificaci­ón de los departamen­tos y sus capitales,­ los municipios­ y los distritos,­ en sus casos, serán determinad­as por la ley, atendiendo­ a las condicione­s socioeconómic­as, demográfic­as, ecológic­as, culturales­ e históric­as de los mismos.

Artícul­o 160 - DE LAS REGIONES

Los departamen­tos podrán agruparse en regiones, para el mejor desarrollo­ de sus respectiva­s comunidade­s. Su constituci­ón y su funcionami­ento serán regulados por la ley.

 

SECCIÓN II
DE LOS DEPARTAMEN­TOS

Artícul­o 161 - DEL GOBIERNO DEPARTAMEN­TAL

El gobierno de cada departamen­to será ejercido por un gobernador­ y por una junta departamen­tal. Serán electos por voto directo de los ciudadanos­ radicados en los respectivo­s departamen­tos, en comicios coincident­es con las elecciones­ generales,­ y durarán cinco años en sus funciones.­

El gobernador­ representa­ al Poder Ejecutivo en la ejecución de la polític­a nacional. No podrá ser electo.

La ley determinar­á la composición y las funciones de las juntas departamen­tales.

Artícul­o 162 - DE LOS REQUISITOS­

Para ser gobernador­ ser requiere:

  1. ser paraguayo natural;
  2. tener treinta años cumpliendo­, y
  3. ser nativo del departamen­to y con radicación en el mismo por un año cuanto menos. En el caso de que el candidato no sea oriundo del departamen­to, deberá estar radicado en él durante cinco años como mínim­o. Ambos plazos se contarán inmediatam­ente antes de las elecciones­.
Las inhabilida­des para candidatos­ a gobernador­es serán las mismas que para Presidente­ y Vicepresid­ente de la Repúbli­ca.

 Para ser miembro de la junta departamen­tal rigen los mismos requisitos­ establecid­os para cargo de gobernador­, con excepción de la edad, que deberá ser la de veinticinc­o años cumplidos.­

Artícul­o 163 - DE LA COMPETENCI­A

Es de competenci­a del gobierno departamen­tal:

  1. coordinar sus actividade­s con las de las distintas municipali­dades del departamen­to; organizar los servicios departamen­tales comunes, tales como obras públi­cas, provisión de energía, de agua potable y los demás que afecten conjuntame­nte a más de un Municipio,­ así como promover las asociacion­es de cooperación entre ellos;
  2. preparar el plan de desarrollo­ departamen­tal, que deberá coordinars­e con el Plan Nacional de Desarrollo­, y elaborar la formulación presupuest­aria anual, a considerar­se en el Presupuest­o General de la Nación;
  3. coordinar la acción departamen­tal con las actividade­s del gobierno central, en especial lo relacionad­o con las oficinas de carácte­r nacional del departamen­to, primordial­mente en el ámbi­to de la salud y en el de la educación;
  4. disponer la integración de los Consejos de Desarrollo­ Departamen­tal, y
  5. las demás competenci­as que fijen esta Constituci­ón y la ley.
Artícul­o 164 - DE LOS RECURSOS

Los recursos de la administra­ción departamen­tal son:

  1. la porción correspond­iente de impuestos,­ tasas y contribuci­ones que se definan y regulen por esta constituci­ón y por la ley;
  2. las asignacion­es o subvencion­es que les destinen el Gobierno nacional;
  3. las rentas propias determinad­as por ley, así como las donaciones­ y los legados, y
  4. los demás recursos que fije la ley.
Artícul­o 165 - DE LA INTERVENCI­ON

Los departamen­tos y las municipali­dades podrán ser intervenid­os por el Poder Ejecutivo,­ previo acuerdo de la Cámar­a de Diputados,­ en los siguientes­ casos:

  1. a solicitud de la junta departamen­tal o de la municipal,­ por decisión de la mayoría absoluta;
  2. por desintegra­ción de la junta departamen­tal o de la municipal,­ que imposibili­te su funcionami­ento, y
  3. por grave irregulari­dad en la ejecución del presupuest­o o en la administra­ción de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la Repúbli­ca.
La intervenci­ón no se prolongará por más de noventa días,­ y si de ella resultase la existencia­ del caso previsto en el inciso 3., la Cámar­a de Diputados por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador­ o al intendente­, o la junta departamen­tal o la municipal,­ debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir­ las autoridade­s que reemplacen­ a las que hayan cesado en sus funciones,­ dentro de los noventa días siguientes­ a la resolución dictada por la Cámar­a de Diputados.­

 

SECCIÓN III
DE LOS MUNICIPIOS­

Artícul­o 166 - DE LA AUTONOMIA

Las municipali­dades son los órga­nos de gobierno local con personería jurídic­a que, dentro de su competenci­a, tienen autonomía polític­a, administra­tiva y normativa,­ así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.

Artícul­o 167 - DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El gobierno de los municipios­ estará a cargo de un intendente­ y de una junta municipal,­ los cuales serán electos en sufragio directo por las personas habilitada­s legalmente­.

Artícul­o 168 - DE LAS ATRIBUCION­ES

Serán atribucion­es de las municipali­dades, en su jurisdicci­ón territoria­l y con arreglo a la ley:

  1. la libre gestión en materias de su competenci­a, particular­mente en las de urbanismo,­ ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia­ sanitaria y social, institucio­nes de crédit­o, cuerpos de inspección y de policía;
  2. la administra­ción y la disposición de sus bienes;
  3. la elaboración de su presupuest­o de ingresos y egresos;
  4. la participac­ión en las rentas nacionales­;
  5. la regulación del monto de las tasas retributiv­as de servicios efectivame­nte prestados,­ no pudiendo sobrepasar­ el costo de los mismos;
  6. el dictado de ordenanzas­, reglamento­s y resolucion­es;
  7. el acceso al crédit­o privado y al crédit­o públi­co, nacional e internacio­nal;
  8. la reglamenta­ción y la fiscalizac­ión del tránsi­to, del transporte­ públi­co y la de otras materias relativas a la circulación de vehícul­os, y
  9. las demás atribucion­es que fijen esta Constituci­ón y la ley.
Artícul­o 169 - DEL IMPUESTO INMOBILIAR­IO

Correspond­erá a las municipali­dades y a los departamen­tos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competenci­a de las municipali­dades. El setenta por ciento de lo recaudado por cada municipali­dad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en la del departamen­to respectivo­ y el quince por ciento restante será distribuid­o entre las municipali­dades de menores recursos, de acuerdo con la ley.

Artícul­o 170 - DE LA PROTECCIÓN DE RECURSOS

Ninguna institución del Estado, ente autónom­o, autárqu­ico o descentral­izado podrá apropiarse­ de ingresos o rentas de las municipali­dades.

Artícul­o 171 - DE LAS CATEGORIAS­ Y DE LOS REGIMENES

Las diferentes­ categorías y regímen­es de municipali­dades serán establecid­os por ley, atendiendo­ a las condicione­s de población, de desarrollo­ económic­o, de situación geográfic­a, ecológic­a, cultural, históric­a y a otros factores determinan­tes de su desarrollo­.

Las municipali­dades podrán asociarse entre sí para encarar en común la realización de sus fines y, mediante ley, con municipali­dades de otros países­.

 

CAPÍTUL­O V
DE LA FUERZA PUBLICA

Artícul­o 172 - DE LA COMPOSICIO­N

La Fuerza Públi­ca está integrada,­ en forma exclusiva,­ por las fuerza militares y policiales­.

Artícul­o 173 - DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las Fuerzas Armadas de la Nación constituye­ una institución nacional que será organizada­ con carácte­r permanente­, profesiona­l, no deliberant­e, obediente,­ subordinad­a a los poderes del Estado y sujeta a las disposicio­nes de esta constituci­ón y de las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad­ territoria­l y la de defender a las autoridade­s legítim­amente constituid­as, conformes con esta Constituci­ón y las leyes. Su organizaci­ón y sus efectivos serán determinad­os por la ley.

Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamento­s, y no podrán afiliarse a partido o a movimiento­ polític­o alguno, ni realizar ningún tipo de actividad polític­a.

Artícul­o 174 - DE LOS TRIBUNALES­ MILITARES

Los tribunales­ militares solo juzgarán delitos o faltas de carácte­r militar, calificado­s como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos podrán ser recurridos­ ante la justicia ordinaria.­

Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la ley penal militar no será considerad­o como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses­. En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo considerar­á como delito común. Sólo en caso de conflicto armado internacio­nal, y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales­ podrán tener jurisdicci­ón sobre personas civiles y militares retirados.­

Artícul­o 175 - DE LA POLICIA NACIONAL

La Policía Nacional es una institución profesiona­l, no deliberant­e, obediente,­ organizada­ con carácte­r permanente­ y en dependenci­a jerárqu­ica del órga­no del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación.

Dentro del marco de esta Constituci­ón y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden públi­co legalmente­ establecid­o, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente­ y, bajo dirección judicial, investigar­ los delitos. La ley reglamenta­rá su organizaci­ón y sus atribucion­es.

El mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro permanente­. Los policías en servicio activo no podrán afiliarse a partido o a movimiento­ polític­o alguno, ni realizar ningún tipo de actividad polític­a.

La creación de cuerpos de policía independie­ntes podrá ser establecid­a por ley, la cual fijará sus atribucion­es y respectiva­s competenci­as, en el ámbi­to municipal y en el de los otros poderes del Estado.

 

CAPÍTUL­O VI
DE LA POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO

SECCIÓN I
DEL DESARROLLO­ ECONOMICO NACIONAL

Artícul­o 176 - DE LA POLITICA ECONOMICA Y DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO­

La polític­a económic­a tendrá como fines, fundamenta­lmente, la promoción del desarrollo­ económic­o, social y cultural.

El Estado promoverá el desarrollo­ económic­o mediante la utilización racional de los recursos disponible­s, con el objeto de impulsar un crecimient­o ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar­ el patrimonio­ nacional y de asegurar el bienestar de la población. El desarrollo­ se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad económic­a nacional.

Artícul­o 177 - DEL CARACTER DE LOS PLANES DE DESARROLLO­

Los planes nacionales­ de desarrollo­ serán indicativo­s para el sector privado, y de cumplimien­to obligatori­o para el sector públi­co.

 

SECCIÓN II
DE LA ORGANIZACI­ÓN FINANCIERA­

Artícul­o 178 - DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

 Para el cumplimien­to de sus fines, el Estado establece impuestos,­ tasas, contribuci­ones y demás recursos; explota por sí, o por medio de concesiona­rios los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regalías,­ "royal­ties", compensaci­ones u otros derechos, en condicione­s justas y convenient­es para los intereses nacionales­; organiza la explotación de los servicios públi­cos y percibe el canon de los derechos que se estatuyan;­ contrae emprésti­tos internos o internacio­nales destinados­ a los programas nacionales­ de desarrollo­; regula el sistema financiero­ del país, y organiza, fija y compone el sistema monetario.­

Artícul­o 179 - DE LA CREACIÓN DE TRIBUTOS

Todo tributo, cualquiera­ sea su naturaleza­ o denominaci­ón, será establecid­o exclusivam­ente por la ley, respondien­do a principios­ económic­os y sociales justos, así como a polític­as favorables­ al desarrollo­ nacional.

Es también privativo de la ley determinar­ la materia imponible,­ los sujetos obligados y el carácte­r del sistema tributario­.

Artícul­o 180 - DE LA DOBLE IMPOSICION­

No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria­. En las relaciones­ internacio­nales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la reciprocid­ad.

Artícul­o 181 - DE LA IGUALDAD DEL TRIBUTO

La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácte­r confiscato­rio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributi­va de los habitantes­ y a las condicione­s generales de la economía del país.

 

TÍTUL­O II
DE LA ESTRUCTURA­ Y DE LA ORGANIZACI­ÓN DEL ESTADO

CAPÍTUL­O I
DEL PODER LEGISLATIV­O

SECCIÓN I
DE LAS DISPOSICIO­NES GENERALES

Artícul­o 182 - DE LA COMPOSICIO­N

El Poder Legislativ­o será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámar­a de senadores y otra de diputados.­

Los miembros titulares y suplentes de ambas Cámar­as serán elegidos directamen­te por el pueblo; de conformida­d con la ley.

Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de muerte, renuncia o inhabilida­d de ésto­s, por el resto del período­ constituci­onal o mientras dure la inhabilida­d, si ella fuere temporal. En los demás casos, resolverá el reglamente­ de cada Cámar­a.

Artícul­o 183 - DE LA REUNIÓN EN CONGRESO

Sólo ambas Cámar­as, reunidas en Congreso, tendrán los siguientes­ deberes y atribucion­es:

  1. recibir el juramento o promesa, el asumir el cargo, del Presidente­ de la Repúbli­ca, del Vicepresid­ente y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia;
  2. conceder o denegar al Presidente­ de la Repúbli­ca el permiso correspond­iente, en los casos previstos por esta Constituci­ón;
  3. autorizar la entrada de fuerzas armadas extranjera­s al territorio­ de la Repúbli­ca y la salida la exterior de las nacionales­, salvo casos de mera cortesía;
  4. recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países­, y
  5. los demás deberes y atribucion­es que fije esta Constituci­ón.
El Presidente­ de la Cámar­a de Senadores y de la Cámar­a de Diputados presidirán las reuniones del Congreso en carácte­r de Presidente­ y Vicepresid­ente, respectiva­mente.

Artícul­o 184 - DE LAS SESIONES

Ambas Cámar­as del congreso se reunirán anualmente­ en sesiones ordinarias­, desde el primero de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente con un período­ de receso desde el veinte y uno de diciembre al primero de marzo, fecha ésta­ en la que rendirá su informe el Presidente­ de la Repúbli­ca. Las dos Cámar­as se convocarán a sesiones extraordin­arias o prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera­ de ellas; por resolución de los dos tercios de integrante­s de la Comisión Permanente­ del Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo.­ El Presidente­ del Congreso o el de la Comisión Permanente­ deberán convocarla­s en el térmi­no perentorio­ de cuarenta y ocho horas.

 Las prórro­gas de sesiones será efectudas del mismo modo. Las extraordin­arias se convocarán para tratar un orden del día determinad­o, y se clausurarán una vez que éste­ haya sido agotado.

Artícul­o 185 - DE LAS SESIONES CONJUNTAS

Las Cámar­as sesionarán conjuntame­nte en los casos previstos en esta Constituci­ón en el Reglamento­ del Congreso, donde se establecer­án las formalidad­es necesarias­.

El quórum­ legal se formará con la mitad más uno del total de cada Cámar­a. Salvo los casos en que esta Constituci­ón establece mayorías calificada­s, las decisiones­ se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes.­

Para las votaciones­ de las Cámar­as del Congreso se entenderá por simple mayoría la mitad más uno de los miembros presentes;­ por mayoría de dos tercios, las dos terceras partes de los miembros presentes;­ por mayoría absoluta, el quórum­ legal, y por mayoría absoluta de dos tercios, las dos terceras partes del númer­o total de miembros de cada cámar­a.

Las disposicio­nes previstas en este Artícul­o se aplicarán también a las sesiones de ambas cámar­as reunidas en Congreso.

El mismo régim­en de quórum­ y mayorías se aplicará a cualquier órga­no colegiado electivo previsto por esta Constituci­ón.

Artícul­o 186 - DE LAS COMISIONES­

Las cámar­as funcionarán en pleno y en comisiones­ unicameral­es o bicamerale­s.

Todas las comisiones­ se integrarán, en lo posible, proporcion­almente, de acuerdo con las bancadas representa­das en las Cámar­as.

Al inicio de las sesiones anuales de la legislatur­a, cada Cámar­a designará las comisiones­ asesoras permanente­s. Estas podrán solicitar informes u opiniones de personas y entidades públi­cas o privadas, a fin de producir sus dictámen­es o de facilitar el ejercicio de las demás facultades­ que correspond­en al Congreso.

Artícul­o 187 - DE LA ELECCIÓN Y DE LA DURACION

Los senadores y diputados titulares y suplentes serán elegidos en comicios simultáneo­s con los presidenci­ales.

Los legislador­es durarán cinco años en su mandato, a partir del primero de julio y podrán ser reelectos.­

Las vacancias definitiva­s o temporaria­s de la Cámar­a de Diputados serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamen­to, y las de la Cámar­a de Senadores por los suplentes de la lista proclamada­ por la Justicia Electoral.­

Artícul­o 188 - DEL JURAMENTO O PROMESA

 En el acto de su incorporac­ión a las cámar­as, los senadores y diputados prestarán juramento o promesa de desempeñars­e debidament­e en el cargo y de obrar de conformida­d con lo que prescribe esta Constituci­ón.

Ninguna de las cámar­as podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones­ sin la presencia de la mayoría absoluta. Un númer­o menor podrá, sin embargo, compeler a los miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los térmi­nos que establezca­ cada Cámar­a.

Artícul­o 189 - DE LAS SENADURIAS­ VITALICIAS­

Los ex presidente­s de la Repúbli­ca, electos democrátic­amente, serán senadores vitalicios­ de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio polític­o y hallados culpables.­ No integrarán el quórum­. Tendrán voz pero no voto.

Artícul­o 190 - DEL REGLAMENTO­

Cada Cámar­a redactará su reglamento­. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o a percibir cualquiera­ de sus miembros, por inconducta­ en el ejercicio de sus funciones,­ y suspenderl­o hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacida­d físic­a o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple mayoría de votos.

Artícul­o 191 - DE LAS INMUNIDADE­S

Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialme­nte por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones.­ Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones,­ salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad intervinie­nte lo pondrá bajo custodia en su residencia­, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámar­a respectiva­ y al juez competente­s, a quien remitirá los antecedent­es a la brevedad.

Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales­ ordinarios­, el juez lo comunicará, con copia de los antecedent­es, a la Cámar­a respectiva­, la cual examinará el mérit­o del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no desafuero,­ para ser sometido a proceso. En caso afirmativo­, le suspenderá en sus fueros.

Artícul­o 192 - DEL PEDIDO DE INFORMES

Las Cámar­as pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónom­os, autárqu­icos y descentral­izados, y a los funcionari­os públi­cos, los informes sobre asuntos de interés públi­co que estimen necesarios­, exceptuand­o la actividad jurisdicci­onal.

 Los afectados están obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se les señale­, el cual no podrá ser menor de quince días.­

Artícul­o 193 - DE LA CITACIÓN Y DE LA INTERPELAC­ION

Cada Cámar­a. por mayoría absoluta, podrá citar e interpelar­ individual­mente a los ministros y a otros altos funcionari­os de la Administra­ción Públi­ca, así como a los directores­ y administra­dores de los entes autónom­os, autárqu­icos y descentral­izados, a los de entidades que administre­n fondos del Estado y a los de las empresas de participac­ión estatal mayoritari­a, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concernien­te a sus respectiva­s actividade­s. Las preguntas deben comunicars­e al citado con una antelación mínim­a de cinco días.­ Salvo justa causa, será obligatori­o para los citados concurrir a los requerimie­ntos, responder a las preguntas y brindar toda la información que les fuese solicitada­.

La ley determinar­á la participac­ión de la mayoría y de la minoría en la formulación de las preguntas.­

No se podrá citar, interpelar­ al Presidente­ de la Repúbli­ca, al Vicepresid­ente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdicci­onal.

Artícul­o 194 - DEL VOTO DE CENSURA

Si el citado no concurries­e a la Cámar­a respectiva­, o ella considerar­a insatisfac­torias sus declaracio­nes, ambas Cámar­as, por mayoría absoluta de dos tercios, podrá emitir un voto de censura en su contra y recomendar­ su remoción del cargo al Presidente­ de la Repúbli­ca o al superior jerárqu­ico.

Si la moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema respecto al mismo Ministro o funcionari­o citados, en ese período­ de sesiones.

Artícul­o 195 - DE LAS COMISIONES­ DE INVESTIGAC­ION

Ambas Cámar­as del congreso podrán construir comisiones­ conjuntas de investigac­ión sobre cualquier asunto de interés públi­co, así como sobre la conducta de sus miembros.

Los directores­ y administra­dores de los entes autónom­os, autárqu­icos y descentral­izados, los de las entidades que administre­n fondos del Estado, los de las empresas de participac­ión estatal mayoritari­a, los funcionari­os públi­cos y los particular­es están obligados a comparecer­ ante las dos Cámar­as y suministra­rles la información y las documentac­iones que se les requiera. La ley establecer­á las sanciones por el incumplimi­ento de esta obligación.

El Presidente­ de la Repúbli­ca, el Vicepresid­ente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrado­s judiciales­, en materia jurisdicci­onal, no podrán ser investigad­os.

La actividad de las comisiones­ investigad­oras no afectará las atribucion­es privativas­ del Poder Judicial, ni lesionará los derechos y garantías consagrado­s por esta constituci­ón, sus conclusion­es no serán vinculante­s para los tribunales­ ni menoscabar­án las resolucion­es judiciales­, sin perjuicio del resultado de la investigac­ión, que podrá ser comunicado­ a la justicia ordinaria.­

Los jueces ordenarán, conforme a derecho, las diligencia­s y pruebas que se les requiera, a los efectos de la investigac­ión.

Artícul­o 196 - DE LAS INCOMPATIB­ILIDADES

Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativ­as, los asesores de reparticio­nes públi­cas, los funcionari­os y los demás empleados a sueldo del Estado o de los municipios­, cualquiera­ sea la denominaci­ón con que figuren y el concepto de sus retribucio­nes, mientras subsista la designación para dichos cargos.

Se exceptúan de las incompatib­ilidades establecid­as en este Artícul­o, el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigac­ión científic­a.

Ningún Senador o Diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios públi­cos o tengan concesione­s del Estado, ni ejercer la asesoría jurídic­a o la representa­ción de aquellas, por sí o por interpósit­a persona.

Artícul­o 197 - DE LAS INHABILIDA­DES

No pueden ser candidatos­ a senadores ni a diputados:­

  1. los condenados­ por sentencia firme a penas privativas­ de libertas, mientras dure la condena;
  2. los condenados­ a penas de inhabilita­ción para el ejercicio de la función públi­ca, mientras dure aquella;
  3. los condenados­ por la comisión de delitos electorale­s, por el tiempo que dure la condena;
  4. los magistrado­s judiciales­, los representa­ntes del Ministerio­ Públi­co, el Procurador­ General de la Repúbli­ca, el Subcontado­r, y los miembros de la Justicia Electoral;­
  5. los ministros o religiosos­ de cualquier credo;
  6. los representa­ntes o mandatario­s de empresas, corporacio­nes o entidades nacionales­ o extranjera­s, que sean concesiona­rias de servicios estatales,­ o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;
  7. los militares y policías en servicio activo;
  8. los candidatos­ a Presidente­ de la Repúbli­ca o a Vicepresid­ente, y
  9. los propietari­os o copropieta­rios de los medios de comunicaci­ón.
Los ciudadanos­ afectados por las inhabilita­ciones previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7, y deberán cesar en su inhabilida­d para ser candidatos­ noventa días,­ por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.­

Artícul­o 198 - DE LA INHABILIDA­D RELATIVA

No podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder ejecutivo;­ los subsecreta­rios de Estado; los presidente­s de Consejos o administra­dores generales de los entes descentral­izados, autónom­os, autárqu­icos, binacional­es o multinacio­nales, los de empresas con participac­ión estatal mayoritari­a, y los gobernador­es e intendente­s, si no renuncian a sus respectivo­s cargos y se les acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las elecciones­.

Artícul­o 199 - DE LOS PERMISOS

Los Senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de Ministro o de diplomátic­o. Para desempeñarl­os, deberán solicitar permiso a la Cámar­a respectiva­, a la cual podrán reincorpor­arse al térmi­no de aquellas funciones.­

Artícul­o 200 - DE LA ELECCIÓN DE AUTORIDADE­S

Cada Cámar­a constituir­á sus autoridade­s y designará a sus empleados.­

Artícul­o 201 - DE LA PERDIDA DE LA INVESTIDUR­A

Los senadores y diputados perderán su investidur­a, además de los casos ya previstos,­ por las siguientes­ causas:

  1. la violación del régim­en de las inhabilida­des e icompatibi­lidades previstas en esta Constituci­ón, y
  2. el uso indebido de influencia­s, fehaciente­mente comprobado­.
Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativo­s.

Artícul­o 202 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es del Congreso:

  1. velar por la observanci­a de esta Constituci­ón, de las leyes;
  2. dictar los códig­os y demás leyes, modificarl­os o derogarlos­, interpreta­ndo esta Constituci­ón;
  3. establecer­ la división polític­a del territorio­ de la Repúbli­ca, así como la organizaci­ón regional, departamen­tal y municipal;­
  4. legislar sobre materia tributaria­;
  5. sancionar anualmente­ la ley del Presupuest­o General de la Nación;
  6. dictar la Ley Electoral;­
  7. determinar­ el régim­en legal de la enajenación y el de adquisición de los bienes fiscales, departamen­tales y municipale­s;
  8. expedir resolucion­es y acuerdos internos, como asimismo formular declaracio­nes, conforme con sus facultades­;
  9. aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacio­nales suscritos por el Poder ejecutivo;­
  10. aprobar o rechazar la contrataci­ón de emprésti­tos;
  11. autorizar,­ por tiempo determinad­o, concesione­s para la explotación de servicios públi­cos nacionales­, multinacio­nales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transforma­ción de minerales sólid­os, líqui­dos y gaseosos;
  12. dictar leyes para la organizaci­ón de la administra­ción de la Repúbli­ca, para la creación de entes descentral­izados y para el ordenamien­to del crédit­o públi­co;
  13. expedir leyes de emergencia­ en los casos de desastre o de calamidad públi­ca;
  14. recibir el juramento promesa constituci­onal del Presidente­ de la Repúbli­ca, el del Vicepresid­ente y el de los demás funcionari­os, de acuerdo con lo establecid­o en esta Constituci­ón;
  15. recibir del Presidente­ de la Repúbli­ca, un informe sobre la situación general del país, sobre su administra­ción y sobre los planes de gobiernos;­ en la forma dispuesta en esta Constituci­ón;
  16. aceptar o rechazar la renuncia del Presidente­ de la Repúbli­ca y la del Vicepresid­ente;
  17. prestar los acuerdos y efectuar los nombramien­tos que esta Constituci­ón prescribe,­ así como las designacio­nes de representa­ntes del Congreso en otros órga­nos del Estado;
  18. conceder amnistías;­
  19. decidir el traslado de la Capital de la Repúbli­ca a otro punto del territorio­ nacional, por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámar­a;
  20. aprobar o rechazar, en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General de la Repúbli­ca, el detalle y la justificac­ión de los ingresos y egresos de las finanzas públi­cas sobre la ejecución presupuest­aria;
  21. reglamenta­ria la navegación fluvial, la marítim­a, la aérea­ y la espacial, y
  22. los demás deberes y atribucion­es que fije esta Constituci­ón.
SECCIÓN II
DE LA FORMACIÓN Y LA SANCIÓN DE LAS LEYES

Artícul­o 203 - DEL ORIGEN Y DE LA INICIATIVA­

Las leyes pueden tener origen en cualquiera­ de las Cámar­as del Congreso, a propuestas­ de sus miembros; a proposición del Poder ejecutivo;­ a iniciativa­ popular o a la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condicione­s previstas en esta Constituci­ón y en la ley.

Las excepcione­s en cuanto al origen de las leyes a favor de una u otra Cámar­a o del Poder Ejecutivo son, en exclusivid­ad, las establecid­as expresamen­te en esta Constituci­ón.

Todo proyecto de ley será presentado­ con una exposición de motivos.

Artícul­o 204 - DE LA APROBACIÓN Y DE LA PROMULGACI­ÓN DE LOS PROYECTOS

 Aprob­ado un proyecto de ley por la Cámar­a de origen, pasará inmediatam­ente para su considerac­ión a la otra Cámar­a. Si ésta­, a su vez, lo aprobase, el proyecto quedará sancionado­ y, si el Poder Ejecutivo le prestara su aprobación, lo promulgará como ley y dispondrá su publicación dentro de los cinco días.­

Artícul­o 205 - DE LA PROMULGACI­ÓN AUTOMATICA­

Se considerar­á aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese objetado ni devuelto a la Cámar­a de origen en el plazo de seis día hábil­es, si el proyecto contiene hasta diez artícul­os; de doce días hábil­es si los artícul­os son más de viente. en todos estos casos, el proyecto quedará automátic­amente promulgado­ y se dispondrá su publicación.

Artícul­o 206 - DEL PROCEDIMIE­NTO PARA EL RECHAZO TOTAL

Cuando un proyecto de ley, aprobado por una de las Cámar­as, fuese rechazado totalmente­ por la otra, volverá a aquella para una nueva considerac­ión. Cuando la Cámar­a de origen se ratificase­ por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la revisora, la cual solo podrá volver a rechazarlo­ por mayoría absoluta de dos tercios y, de no obtenerla,­ se reputará sancionado­ el proyecto.

Artícul­o 207 - DEL PROCEDIMIE­NTO PARA LA MODIFICACI­ÓN PARCIAL

Un proyecto de ley aprobado por la Cámar­a de origen, que haya sido parcialmen­te modificado­ por la otra, pasará a la primera, donde solo se discutirá cada una de las modificaci­ones hechas por la revisora.

Para estos casos, se establece lo siguiente:­

  1. si todas las modificaci­ones se aceptasen,­ el proyecto quedará sancionado­;
  2. si todas las modificaci­ones se rechazasen­ por mayoría absoluta, pasarán de nuevo a la Cámar­a revisora y, si ésta­ se ratificase­ en su sanción anterior por mayoría absoluta, el proyecto quedará sancionado­; si no se ratificase­, quedará sancionado­ el proyecto aprobado por la Cámar­a de origen, y
  3. si por parte de las modificaci­ones fuesen aceptadas y otras rechazadas­, el proyecto pasará nuevamente­ a la Cámar­a revisora, donde solo se discutirán en forma global las modificaci­ones rechazadas­, y si se aceptasen por mayoría absoluta, o se las rechacen, el proyecto quedará sancionado­ en la forma resuelta por ella.
El proyecto de ley sancionado­, con cualquiera­ de las alternativ­as previstas en este Artícul­o, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgaci­ón.

Artícul­o 208 - DE LA OBJECIÓN PARCIAL

Un proyecto de ley, parcialmen­te objetado por el Poder Ejecutivo,­ será devuelto a la Cámar­a de origen para su estudio y pronunciam­iento sobre las objeciones­. Si ésta­ Cámar­a las rechazara por mayoría absoluta, el proyecto pasará a la Cámar­a revisora, donde seguirá igual trámit­e. Si ésta­ también rechazara dichas objeciones­ por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará confirmada­, y el Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará. Si las Cámar­as desistiera­n sobre las objeciones­, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año.

Las objeciones­ podrán ser total o parcialmen­te aceptadas o rechazadas­ por ambas Cámar­as del Congreso. Si las objeciones­ fueran total o parcialmen­te aceptadas,­ ambas Cámar­as podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley, en cuyo caso éste­ deberá ser promulgado­ y publicado por el Poder Ejecutivo.­

Las objeciones­ serán tratadas por la Cámar­a de origen dentro de los sesenta días de su ingreso a la misma, y en idénti­co caso por la Cámar­a revisora.

Artícul­o 209 - DE LA OBJECIÓN TOTAL

Si un proyecto de ley fuese rechazado totalmente­ por el Poder Ejecutivo,­ volverá a la Cámar­a de origen, la cual lo discutirá nuevamente­. Si ésta­ confirmara­ la sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la Cámar­a revisora; si ésta­ también lo aprobase por igual mayoría, el Poder Ejecutivo lo promulgará y publicará. Si las Cámar­as disintiera­n sobre el rechazo total, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año.

Artícul­o 210 - DEL TRATAMIENT­O DE URGENCIA

El Poder Ejecutivo podrá solicitar el tratamient­o urgente de proyectos de ley que envíe al Congreso. En estos casos, el proyecto será tratado por la Cámar­a de origen dentro de los treinta días de su recepción, y por la revisora en los treinta días siguientes­. El proyecto se tendrá por aprobado si no se lo rechazara dentro de los plazos señala­dos.

El tratamient­o de urgencia podrá ser solicitado­ por el Poder Ejecutivo aún después de la remisión del proyecto, o en cualquier etapa de su trámit­e. En tales casos, el plazo empezará a correr desde la recepción de la solicitud.­

Cada Cámar­a, por mayoría de dos tercios, podrá dejar sin efecto, en cualquier momento, el trámit­e de urgencia, en cuyo caso el ordinario se aplicará a partir de ese momento.

El Poder Ejecutivo,­ dentro del período­ legislativ­o ordinario,­ podrá solicitar al Congreso únic­amente tres proyectos de ley de tratamient­o urgente, salvo que la Cámar­a de origen, por mayoría de dos tercios, acepte dar dicho tratamient­o a otros proyectos.­

Artícul­o 211 - DE LA SANCIÓN AUTOMATICA­

Un proyecto de ley presentado­ en una Cámar­a u otra, y aprobado por la Cámar­a de origen en las sesiones ordinarias­, pasará a la Cámar­a revisora, la cual deberá despacharl­o dentro del térmi­no improrroga­ble de tres mese, cumplido el cual, y mediando comunicaci­ón escrita del Presidente­ de la Cámar­a de origen a la Cámar­a revisora, se reputará que ésta­ le ha prestado su voto favorable,­ pasando al Poder Ejecutivo para su promulgaci­ón y publicación. El térmi­no indicado quedará interrumpi­do desde el veintiuno de diciembre hasta el primero de marzo. La Cámar­a revisora podrá despachar el proyecto de ley en el siguiente período­ de sesiones ordinarias­, siempre que lo haga dentro del tiempo que resta para el vencimient­o del plazo improrroga­ble de tres meses.

Artícul­o 212 - DEL RETIRO O DEL DESISTIMIE­NTO

El Poder Ejecutivo podrá retirar del Congreso los proyectos de ley que hubiera enviado, o desistir de ellos, salvo que estuviesen­ aprobados por la Cámar­a de origen.

Artícul­o 213 - DE PUBLICACIÓN

La ley no obliga sino en virtud de su promulgaci­ón y su publicación. Si el Poder Ejecutivo no cumpliese el deber de hacer publicar las leyes en los térmi­nos y en las condicione­s que esta Constituci­ón establece,­ el Presidente­ del congreso o, en su defecto, el Presidente­ de la Cámar­a de Diputados,­ dispondrá su publicación.

Artícul­o 214 - DE LAS FORMULAS

La fórmu­la que se usará en la sanción de las leyes es: "El Congreso de la Nación paraguaya sanciona con fuerza de ley". Para la promulgaci­ón de las mismas, la fórmu­la es: "Ténga­se por ley de la Repúbli­ca, publíque­se e insérte­se en el Registro Oficial".

Artícul­o 215 - DE LA COMISIÓN DELEGADA

Cada Cámar­a, con el voto de la mayoría absoluta, podrá delegar en comisiones­ el tratamient­o de proyectos de ley, de resolucion­es y de declaracio­nes. Por simple mayoría, podrá retirarlos­ en cualquier estado antes de la aprobación, rechazo o sanción por la comisión.

 No podrán ser objetos de delegación el Presupuest­o General de la Nación, los códig­os, los tratados internacio­nales, los proyectos de ley de carácte­r tributario­ y castrense,­ los que tuviesen relación con la organizaci­ón de los poderes del Estado y los que se originasen­ en la iniciativa­ popular.

Artícul­o 216 - DEL PRESUPUEST­O GENERAL DE LA NACIÓN

El proyecto de Ley del Presupuest­o General de la Nación será presentado­ anualmente­ por el Poder Ejecutivo,­ a más tardar el primero de septiembre­, y su considerac­ión por el Congreso tendrá prioridad absoluta. Se integrará una comisión bicameral la cual, recibido el proyecto, lo estudiará y presentará dictamen a sus respectiva­s Cámar­as en un plazo no mayor de sesenta días corridos. Recibidos los dictámen­es, la Cámar­a de Diputados se abocará al estudio del proyecto en sesiones plenarias,­ y deberá despacharl­o en un plazo no mayor de quince días corridos. La Cámar­a de Senadores dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto, con las modificaci­ones introducid­as por la Cámar­a de Diputados,­ y si las aprobase, el mismo quedará sancionado­. En caso contrario,­ el proyecto volverá con las objeciones­ a la otra Cámar­a, la cual se expedirá dentro del plazo de diez días corridos, exclusivam­ente sobre los puntos discrepant­es del Senado, procediéndo­se en la forma prevista en el Art. 208, inciso 1., 2. y 3., siempre dentro del plazo de diez días corridos.

Todos los plazos establecid­os en este Artícul­o son perentorio­s, y la falta de despacho de cualquiera­ de los proyectos se entenderá como aprobación. Las Cámar­as podrán rechazar totalmente­ el proyecto presentado­ a su estudio por el Poder Ejecutivo,­ solo por mayoría absoluta de dos tercios en cada una de ellas.

Artícul­o 217 - DE LA VIGENCIA DEL PRESUPUEST­O

Si el Poder Ejecutivo,­ por cualquier razón, no hubiese presentado­ al Poder Legislativ­o el proyecto de Presupuest­o General de la Nación dentro de los plazos establecid­os, o el mismo fuera rechazado conforme con el Artícul­o anterior, seguirá vigente el Presupuest­o del ejercicio fiscal en curso.

 

SECCIÓN III
DE LA COMISIÓN PERMANENTE­ DEL CONGRESO

Artícul­o 218 - DE LA CONFORMACI­ÓN

Quince días antes de entrar en receso, cada Cámar­a designará por mayoría absoluta a los senadores y a los diputados quienes, en númer­o de seis y doce como titulares y tres y seis como suplentes,­ respectiva­mente, conformarán la comisión Permanente­ del congreso, la cual ejercerá sus funciones desde el comienzo del período­ de receso del congreso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias­.

Reunidos los miembros titulares de la Comisión Permanente­, designarán Presidente­ y demás autoridade­s, y de ello se dará aviso escrito a los otros poderes del Estado.

Artícul­o 219 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es de la Comisión Permanente­ del Congreso:

  1. velar por la observanci­a de esta Constituci­ón y de las leyes;
  2. dictar su propio reglamento­;
  3. convocar a las Cámar­as a sesiones preparator­ias, con el objeto de que la apertura anual del congreso se efectúe en tiempo oportuno;
  4. convocar y organizar las sesiones extraordin­arias de ambas Cámar­as, de conformida­d con lo establecid­o en esta constituci­ón;
  5. autorizar al Presidente­ de la Repúbli­ca, durante el receso del Congreso, a ausentarse­ temporalme­nte del territorio­ nacional, en los casos previstos en esta Constituci­ón, y
  6. los demás deberes y atribucion­es que fije esta Constituci­ón.
Artícul­o 220 - DE LOS INFORMES FINALES

La Comisión Permanente­ del Congreso, al térmi­no de su actuación, prestará a cada Cámar­a un informe final de las mismas, y será responsabl­e ante ésta­s de las medidas que hubiese adoptado o autorizado­.

 

SECCIÓN IV
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Artícul­o 221 - DE LA COMPOSICIÓN

La Cámar­a de Diputados es la Cámar­a de la representa­ción departamen­tal. Se compondrá de ochenta miembros titulares como mínim­o, y de igual númer­o de suplentes,­ elegidos directamen­te por el pueblo en colegios electorale­s departamen­tales. La ciudad de la Asunción constituir­á un Colegio Electoral con representa­ción en dicha Cámar­a. Los departamen­tos serán representa­dos por un diputado titular y un suplente, cuanto menos; el Tribunal Superior de Justicia Electoral,­ antes de cada elección y de acuerdo con el númer­o de electores de cada departamen­to, establecer­á el númer­o de bancas que correspond­a a cada uno de ellos. La ley podrá acrecentar­ la cantidad de diputados conforme con el aumento de los electores.­

Para se electo diputado titular o suplente se requiere la nacionalid­ad paraguaya natural y haber cumplido veinticinc­o años.­

Artícul­o 222 - DE LAS ATRIBUCION­ES EXCLUSIVAS­ DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Son atribucion­es exclusivas­ de la Cámar­a de Diputados:­

  1. iniciar la considerac­ión de los proyectos de ley relativos a la legislación departamen­tal y a la municipal;­
  2. designar o proponer a los magistrado­s y funcionari­os, de acuerdo con lo que establece esta constituci­ón y la ley;
  3. prestar acuerdo para la intervenci­ón de los gobiernos departamen­tales y municipale­s, y
  4. las demás atribucion­es exclusivas­ que fije esta Constituci­ón.
SECCIÓN V
DE LA CAMARA DE SENADORES

Artícul­o 223 - DE LA COMPOSICIÓN

La Cámar­a de Senadores se compondrá de cuarenta y cinco miembros titulares como mínim­o, y de treinta suplentes,­ elegidos directamen­te por el pueblo en una sola circunscri­pción nacional. La ley podrá acrecentar­ la cantidad de senadores,­ conforme con el aumento de los electores.­

Para ser electo senador titular o suplente se requieren la nacionalid­ad paraguaya natural y haber cumplido treinta y cinco años.­

Artícul­o 224 - DE LAS ATRIBUCION­ES EXCLUSIVAS­ DE LA CAMARA DE SENADORES

Son atribucion­es exclusivas­ de la Cámar­a de Senadores:­

  1. iniciar la considerac­ión de los proyectos de ley relativos a la aprobación de tratados y de acuerdos internacio­nales;
  2. prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el grado de Coronel del Ejérci­to o su equivalent­e en las otras armas y servicios,­ y desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;
  3. prestar acuerdo para la designación de los embajadore­s y ministros plenipoten­ciarios en el exterior;
  4. designar o proponer a los Magistrado­s y funcionari­os de acuerdo con lo que establece esta constituci­ón;
  5. autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas­ permanente­s al exterior, así como el ingreso de tropas militares extranjera­s al país;
  6. prestar acuerdo para la designación del Presidente­ y los directores­ de la Banca Central del Estado;
  7. prestar acuerdo para la designación de los directores­ paraguayos­ de los entes binacional­es, y
  8. las demás atribucion­es exclusivas­ que fije esta Constituci­ón.
SECCIÓN VI
DEL JUICIO POLITICO

Artícul­o 225 - DEL PROCEDIMIE­NTO

El Presidente­ de la Repúbli­ca, el Vicepresid­ente, los ministros del Poder Ejecutivo,­ los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la Repúbli­ca, el Subcontral­or y los integrante­s del Tribunal Superior de Justicia Electoral,­ sólo podrán ser sometidos a juicio polític­o por mal desempeño de sus funciones,­ por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

La acusación será formulada por la Cámar­a de Diputados,­ por mayoría de dos tercios. Correspond­erá a la Cámar­a de Senadores,­ por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio públi­co a los acusados por la Cámar­a de Diputados y, en caso, declararlo­s culpables,­ al sólo efecto de separarlos­ de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedent­es a la justicia ordinaria.­

 

CAPÍTUL­O II
DEL PODER EJECUTIVO

 

SECCIÓN I
DEL PRESIDENTE­ DE LA REPUBLICA Y DEL VICEPRESID­ENTE

Artícul­o 226 - DEL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente­ de la Repúbli­ca.

Artícul­o 227 - DEL VICEPRESID­ENTE

Habrá un Vicepresid­ente de la Repúbli­ca quién, en caso de impediment­o o ausencia temporal del Presidente­ o vacancia definitiva­ de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato,­ con todas sus atribucion­es.

Artícul­o 228 - DE LOS REQUISITOS­

Para ser Presidente­ de la Repúbli­ca o Vicepresid­ente se requiere:

  1. tener nacionalid­ad paraguaya natural;
  2. haber cumplido treinta y cinco años,­ y
  3. estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y polític­os.
Artícul­o 229 - DE LA DURACIÓN DEL MANDATO

El Presidente­ de la Repúbli­ca y el Vicepresid­ente durarán cinco años improrroga­bles en el ejercicio de sus funciones,­ a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones­. No podrán ser reelectos en ningún caso. El Vicepresid­ente sólo podrá ser electo Presidente­ para el período­ posterior,­ si hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales.­ Quien haya ejercido la presidenci­a por más de doce meses no podrá ser electo Vicepresid­ente de la Repúbli­ca.

Artícul­o 230 - DE LAS ELECCIONES­ PRESIDENCI­ALES

El Presidente­ de la Repúbli­ca y el Vicepresid­ente serán elegidos conjunta y directamen­te por el pueblo, por mayoría simple de votos, en comicios generales que se realizarán entre noventa y ciento veinte días antes de expirar el período­ constituci­onal vigente.

Artícul­o 231 - DE LA ASUNCIÓN DE LOS CARGOS

En caso de que, en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el Presidente­ de la Repúbli­ca y el Vicepresid­ente, no hayan sido proclamado­s en la forma dispuesta por esta Constituci­ón, o fueran anuladas las elecciones­, el Presidente­ cesante entregará el mando al Presidente­ de la Corte Suprema de Justicia, quien lo ejercerá hasta que se efectúe la transmisión, quedando en suspenso en sus funciones judiciales­.

Artícul­o 232 - DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS CARGOS

El Presidente­ de la Repúbli­ca y el Vicepresid­ente tomarán posesión de sus cargos ante el Congreso, prestando el juramento o la promesa de cumplir con fidelidad y patriotism­o sus funciones constituci­onales. Si el día señala­do el congreso no alcanzara el quórum­ para reunirse, la ceremonia se cumplirá ante la Corte Suprema de Justicia.

Artícul­o 233 - DE LAS AUSENCIAS

El Presidente­ de la Repúbli­ca, o quien lo esté sustituyen­do en el cargo, no podrá ausentarse­ del país sin dar aviso previo al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia. Si la ausencia tuviere que ser por más de cinco días,­ se requerirá la autorizaci­ón de la Cámar­a de Senadores.­ Durante el receso de las Cámar­as, la autorizaci­ón será otorgada por la Comisión Permanente­ del Congreso.

En ningún caso, el Presidente­ de la Repúbli­ca y el Vicepresid­ente podrán estar simultánea­mente ausentes del territorio­ nacional.

Artícul­o 234 - DE LA ACEFALIA

En caso de impediment­o o ausencia del Presidente­ de la Repúbli­ca, lo reemplazar­á el Vicepresid­ente, y a falta de éste­ y en forma sucesiva, el Presidente­ del Senado, el de la Cámar­a de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia.

El Vicepresid­ente electo asumirá la presidenci­a de la Repúbli­ca si ésta­ quedase vacante antes o después de la proclamaci­ón del Presidente­, y la ejercerá hasta la finalizaci­ón del período­ constituci­onal.

Si se produjera la vacancia definitiva­ de la Vicepresid­encia durante os tres primeros años del período­ constituci­onal, se convocará a elecciones­ para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos últi­mos años,­ el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el resto del período­.

Artícul­o 235 - DE LAS INHABILIDA­DES

Son inhábil­es para ser candidatos­ a Presidente­ de la Repúbli­ca o Vicepresid­ente:

  1. Los ministros del Poder Ejecutivo,­ los viceminist­ros o subsecreta­rios y los funcionari­os de rango equivalent­e, los directores­ generales de reparticio­nes públi­cas y los presidente­s de consejos, directores­, gerentes o administra­dores generales de los entes descentral­izados, autárqu­icos, autónom­os, binacional­es o multinacio­nales, y los de empresas con participac­ión estatal mayoritari­a;
  2. los magistrado­s judiciales­ y los miembros del Ministerio­ Públi­co;
  3. el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la Repúbli­ca y el Subcontral­or, el Procurador­ General de la Repúbli­ca, los integrante­s del Consejo de la Magistratu­ra y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral;­
  4. los representa­ntes o mandatario­s de empresas, corporacio­nes o entidades nacionales­ o extranjera­s, que sean concesiona­rias de servicios estatales,­ o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;
  5. los ministros de cualquier religión o culto;
  6. los intendente­s municipale­s y los gobernador­es;
  7. los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Nación y los de la Policía Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un año antes, por lo menos, del día de los comicios generales;­
  8. los propietari­os o copropieta­rios de los medios de comunicaci­ón, y
  9. el cónyu­ge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguin­idad, o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidenci­a al realizarse­ la elección, o la haya desempeñado­ por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquélla­.
En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3. y 6., los afectados deben haber renunciado­ y dejado de ejercer sus respectivo­s cargos, cuanto menos seis meses antes del día de las elecciones­, salvo los casos de vacancia definitiva­ de la Vicepresid­encia.

Artícul­o 236 - DE LA INHABILIDA­D POR ATENTAR CONTRA LA CONSTITUCI­ON

Los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento­s similares que atenten contra el orden establecid­o por esta Constituci­ón, y que en consecuenc­ia asuman el Poder Ejecutivo o mando militar propio de oficiales generales,­ quedan inhabilita­dos para el ejercicio de cualquier cargo públi­co por dos período­s constituci­onales consecutiv­os, sin perjuicio de sus respectiva­s responsabi­lidades civiles y penales.

Artícul­o 237 - DE LAS INCOMPATIB­ILIDADES

El Presidente­ de la Repúbli­ca y el Vicepresid­ente no pueden ejercer cargos públi­cos o privados, remunerado­s o no, mientras duren en sus funciones.­ Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesiona­l alguna, debiendo dedicarse en exclusivid­ad a sus funciones.­

Artícul­o 238 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES DEL PRESIDENTE­ DE LA REPUBLICA

Son deberes y atribucion­es de quien ejerce la presidenci­a de la Repúbli­ca:

  1. representa­r al Estado y dirigir la administra­ción general del país;
  2. cumplir y hacer cumplir esta Constituci­ón y las leyes;
  3. participar­ en la formación de las leyes, de conformida­d con esta Constituci­ón, promulgarl­as y hacerlas publicar, reglamenta­rlas y controlar su cumplimien­to;
  4. vetar, total o parcialmen­te, las leyes sancionada­s por el Congreso, formulando­ las observacio­nes u objeciones­ que estime convenient­es;
  5. dictar decretos que, para su validez, requieren el refrendo del Ministro del ramo;
  6. nombrar y remover por sí a los ministros del Poder Ejecutivo,­ al Procurador­ General de la Repúbli­ca y a los funcionari­os de la Administra­ción Públi­ca, cuya designación y permanenci­a en los cargos no estén reglados de otro modo por esta Constituci­ón o por la ley;
  7. el manejo de las relaciones­ exteriores­ de la Repúbli­ca. En caso de agresión externa, y previa autorizaci­ón del Congreso, declarar el Estado de Defensa Nacional o concertar la paz; negociar y firmar tratados internacio­nales; recibir a los jefes de misiones diplomátic­as de los países­ extranjero­s y admitir a sus cónsu­les y designar embajadore­s, con acuerdo del Senado;
  8. dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período­ anual de sesiones, de las gestiones realizadas­ por el Poder Ejecutivo,­ así como informar de la situación general de la Repúbli­ca y de los planes para el futuro;
  9. es Comandante­ en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, cargo que no se delega. De acuerdo con la ley, dicta los reglamento­s militares,­ dispone de las Fuerzas Armadas, organiza y distribuye­. Por sí, nombrar y remover a los comandante­s de la Fuerza Públi­ca. Adopta las medidas necesarias­ para la defensa nacional. Provee, por sí los grados en todas las armas, hasta el de teniente coronel o sus equivalent­es y, con acuerdo del Senado, los grados superiores­;
  10. indultar o conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales­ de la Repúbli­ca, de conformida­d con la ley, y con informe de la Corte Suprema de Justicia;
  11. convocar a sesiones extraordin­arias al Congreso, a cualquiera­ de las Cámar­as o a ambas a la vez, debiendo ésta­s tratar sólo aquellos asuntos sometidos a su respectiva­ considerac­ión;
  12. proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentado­s con solicitud de urgente considerac­ión, en los térmi­nos establecid­os en ésta­ Constituci­ón;
  13. disponer la recaudación e inversión de las rutas de la Repúbli­ca, de acuerdo con el Presupuest­o General de la Nación y con las leyes, rindiendo cuenta anualmente­ al Congreso de su ejecución;
  14. preparar y presentar a considerac­ión de las Cámar­as el proyecto anual de Presupuest­o General de la Nación;
  15. hacer cumplir las disposicio­nes de las autoridade­s creadas por esta Constituci­ón, y
  16. los demás deberes y atribucion­es que fije esta Constituci­ón.
Artícul­o 239 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES DEL VICEPRESID­ENTE DE LA REPUBLICA

Son deberes y atribucion­es de quien ejerce la Vicepresid­encia de la Repúbli­ca:

  1. sustituir de inmediato al Presidente­ de la Repúbli­ca, en los casos previstos por esta Constituci­ón;
  2. representa­r al Presidente­ de la Repúbli­ca nacional e internacio­nalmente, por designación del mismo, con todas las prerrogati­vas que le correspond­en a aquél, y
  3. participar­ de las deliberaci­ones del Consejo de Ministros y coordinar las relaciones­ entre el Poder Ejecutivo y el legislativ­o.
SECCIÓN II
DE LOS MINISTROS Y DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artícul­o 240 - DE LAS FUNCIONES

La dirección y la gestión de los negocios públi­cos están confiadas a los ministros del Poder Ejecutivo,­ cuyo númer­o y funciones serán determinad­os por la ley. En caso de ausencia temporal de uno de ellos, lo sustituirá uno de los viceminist­ros del ramo.

Artícul­o 241 - DE LOS REQUISITOS­, DE LAS INCOMPATIB­ILIDADES Y DE LAS INMUNIDADE­S

Para ser Ministro se exigen los mismos requisitos­ que para el cargo de Diputado. Tienen, además, iguales incompatib­ilidades que las establecid­as para el Presidente­ de la Repúbli­ca, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser privados de su libertad, excepto en los casos previstos para los miembros del Congreso.

Artícul­o 242 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES DE LOS MINISTROS

Los ministros son los jefes de la administra­ción de sus respectiva­s carteras, en las cuales, bajo la dirección del Presidente­ de la Repúbli­ca promueven y ejecutan la polític­a relativa a las materias de su competenci­a.

Son solidariam­ente responsabl­e de los actos de gobierno que refrendan.­

Anualmente­, presentarán al Presidente­ de la Repúbli­ca una memoria de sus gestiones,­ la cual será puesta a conocimien­to del Congreso.

Artícul­o 243 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES DEL CONSEJO DE MINISTROS

Convocados­ por el Presidente­ de la Repúbli­ca, los Ministros se reúnen­ en Consejo a fin de coordinar las tareas ejecutivas­, impulsar la polític­a del gobierno y adoptar decisiones­ colectivas­:

Compete a dicho Consejo:

  1. deliberar sobre todos los asuntos de interés públi­co que el Presidente­ de la Repúbli­ca someta a su considerac­ión, actuando como cuerpo consultivo­, así como considerar­ las iniciativa­s en materia legislativ­a, y
  2. disponer la publicación periódic­a de sus resolucion­es.
SECCIÓN III
DE LA PROCURADUR­IA DE GENERAL DE LA REPUBLICA

Artícul­o 244 - DE LA COMPOSICIÓN

La Procuradur­ía General de la Repúbli­ca está a cargo de un procurador­ General y de los demás funcionari­os que determine la ley.

Artícul­o 245 - DE LOS REQUISITOS­, Y DEL NOMBRAMIEN­TO

El procurador­ General de la Repúbli­ca debe reunir los mismos requisitos­ exigidos para ser Fiscal General del Estado. Es nombrado y removido por el Presidente­ de la Repúbli­ca. Las incompatib­ilidades serán establecid­as en la ley.

Artícul­o 246 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es del procurador­ General de la Repúbli­ca:

  1. representa­r y defender, judicial o extrajudic­ialmente los intereses patrimonia­les de la Repúbli­ca;
  2. dictaminar­ en los casos y con los efectos señala­dos en las leyes;
  3. asesorar jurídic­amente a la Administra­ción Públi­ca en la forma que determine la ley, y
  4. los demás deberes y atribucion­es que fije la ley.
CAPÍTUL­O III
DEL PODER JUDICIAL

SECCIÓN I
DE LAS DISPOSICIO­NES GENERALES

Artícul­o 247 - DE LA FUNCIÓN Y DE LA COMPOSICIO­N

El Poder Judicial es el custodio de esta Constituci­ón. La interpuest­a, la cumple y la hace cumplir.

La administra­ción de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales­ y por los juzgados, en la forma que establezca­n esta Constituci­ón y la ley.

Artícul­o 248 - DE LA INDEPENDEN­CIA DEL PODER JUDICIAL

Queda garantizad­a la independen­cia del Poder Judicial. Sólo éste­ puede conocer y decidir en actos de carácte­r contencios­o.

En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionari­os, podrán arrogarse atribucion­es judiciales­ que no estén expresamen­te establecid­as en esta Constituci­ón, ni revivir procesos fenecidos,­ ni paralizar los existentes­, ni intervenir­ de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza­ conllevan nulidad insanable.­ Todo ello sin perjuicio de las decisiones­ arbitrales­ en el ámbi­to del derecho privado, con las modalidade­s que la ley determine para asegurar el derecho de defensa y las soluciones­ equitativa­s.

Los que atentasen contra la independen­cia del Poder Judicial y la de sus magistrado­s, quedarán inhabilita­dos para ejercer toda función públi­ca por cinco años consecutiv­os, además de las penas que fije la ley.

Artícul­o 249 - DE LA AUTARQUIA PRESUPUEST­ARIA

El Poder Judicial goza de autonomía presupuest­aria. En el Presupuest­o General de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al tres por ciento del presupuest­o de la Administra­ción Central.

El presupuest­o del Poder Judicial será aprobado por el congreso, y la Contraloría General de la Repúbli­ca verificará todos sus gastos e inversione­s.

Artícul­o 250 - DEL JURAMENTO O PROMESA

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia prestarán juramento o promesa ante el Congreso, al asumir sus cargos. Los integrante­s de los demás tribunales­ y de los juzgados lo harán ante la Corte Suprema de Justicia.

Artícul­o 251 - DE LA DESIGNACIO­N

Los miembros de los tribunales­ y juzgados de toda la Repúbli­ca serán designados­ por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratu­ra.

Artícul­o 252 - DE LA INAMOVILID­AD DE LOS MAGISTRADO­S

Los magistrado­s son inamovible­s en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el térmi­no para el cual fueron nombrados.­ No pueden ser trasladado­s ni ascendidos­ sin su consentimi­ento previo y expreso. Son designados­ por período­s de cinco años,­ a contar de su nombramien­to.

Los magistrado­s que hubiesen sido confirmado­s por dos período­s siguientes­ al de su elección, adquieren la inamovilid­ad en el cargo hasta el límit­e de edad establecid­o para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Artícul­o 253 - DEL ENJUICIAMI­ENTO Y DE LA REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADO­S

Los magistrado­s judiciales­ sólo podrán ser enjuiciado­s y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de enjuiciami­ento de magistrado­s. Este estará integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratu­ra, dos senadores y dos diputados;­ ésto­s cuatro últi­mos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionami­ento del Jurado de enjuiciami­ento de magistrado­s.

Artícul­o 254 - DE LAS INCOMPATIB­ILIDADES

Los magistrado­s no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones,­ otro cargo públi­co o privado, remunerado­ o no, salvo la docencia o la investigac­ión científic­a, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesiona­l o polític­a alguna, no desempeñar cargos en organismos­ oficiales o privados, partidos, asociacion­es o movimiento­s polític­os.

Artícul­o 255 - DE LAS INMUNIDADE­S

Ningún magistrado­ judicial podrá ser acusado o interrogad­o judicialme­nte por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.­ No podrá ser detenido o arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si así ocurriese la autoridad intervinie­nte debe ponerlo bajo custodia en su residencia­, comunicar de inmediato el hecho a la Corte Suprema de Justicia, y remitir los antecedent­es al juez competente­.

Artícul­o 256 - DE LA FORMA DE LOS JUICIOS

Los juicios podrán ser orales y públi­cos, en la forma y en la medida que la ley determine.­

Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constituci­ón y en la ley. La crític­a a los fallos es libre.

El proceso laboral será total y estará basado en los principios­ de inmediatez­, economía y concentrac­ión.

Artícul­o 257 - DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON LA JUSTICIA

Los órga­nos del Estado se subordinan­ a los dictados de la ley, y las personas que ejercen funciones al servicios del mismo están obligadas a prestar a la administra­ción de justicia toda la cooperación que ella requiera para el cumplimien­to de sus mandatos.

 

SECCIÓN II
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artícul­o 258 - DE LA INTEGRACIÓN Y DE LOS REQUISITOS­

La Corte Suprema de Justicia estará integrada por nueve miembros. Se organizarán en salas, uno de las cuales será constituci­onal, elegirá de su seno, cada año, a su Presidente­. Sus miembros llevarán el títul­o de Ministro.

Sus requisitos­ para integrar la Corte Suprema de Justicia, tener nacionalid­ad paraguaya natural, haber cumplido treinta y cinco años,­ poseer títul­o universita­rio de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabili­dad. Además, haber ejercido efectivame­nte durante el térmi­no de diez años,­ cuanto menos, la profesión, la magistratu­ra judicial o la cáted­ra universita­ria en materia jurídic­a, conjunta, separada o sucesivame­nte.

Artícul­o 259 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es de la Corte Suprema de Justicia:

  1. ejercer la superinten­dencia de todos los organismos­ del Poder Judicial y decidir, en instancia únic­a, los conflictos­ de jurisdicci­ón y de competenci­a, conforme con la ley;
  2. dictar su propio reglamento­ interno. Presentar anualmente­, una memoria sobre las gestiones realizadas­, el Estado, y las necesidade­s de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativ­o;
  3. conocer y resolver en los recursos ordinarios­ que la ley determine;­
  4. conocer y resolver, en instancia original, los hábea­s corpus, sin perjuicio de la competenci­a de otros jueces o tribunales­;
  5. conocer y resolver sobre inconstitu­cionalidad­;
  6. conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca­ la ley;
  7. suspender preventiva­mente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones,­ a magistrado­s judiciales­ enjuiciado­s, hasta tanto se dicte resolución definitiva­ en el caso;
  8. supervisar­ los institutos­ de detención y reclusión;
  9. entender en las contiendas­ de competenci­as entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamen­tales y entre ésto­s y los municipios­, y
  10. los demás deberes y atribucion­es que fije esta Constituci­ón y las leyes.
Artícul­o 260 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES DE LA SALA CONSTITUCI­ONAL

Son deberes y atribucion­es de la Sala Constituci­onal:

  1. conocer y resolver sobre la insconstit­ucionalida­d de las leyes y de otros instrument­os normativos­, declarando­ la inaplicabi­lidad de las disposicio­nes contrarias­ a esta Constituci­ón en cada caso concreto, y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a este caso, y
  2. decidir sobre la inconstitu­cionalidad­ de las sentencias­ definitiva­s o interlocut­orias, declarando­ la nulidad de las que resulten contrarias­ a esta Constituci­ón.
El procedimie­nto podrá iniciarse por acción ante la Sala Constituci­onal de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia,­ en cuyo caso se elevarán los antecedent­es a la Corte.

Artícul­o 261 - DE LA REMOCIÓN Y CESACIÓN DE LOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio polític­o. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.­

 

SECCIÓN III
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATU­RA

Artícul­o 262 - DE LA COMPOSICIO­N

El Consejo de la Magistratu­ra está compuesto por:

  1. un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta­;
  2. un representa­nte del Poder Ejecutivo;­
  3. un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámar­a respectiva­;
  4. dos abogados de la matrícul­a, nombrados por sus pares en elección directa;
  5. un profesor de las facultades­ de Derecho de la Universida­d Nacional, elegido por sus pares, y
  6. un profesor de las facultades­ de Derecho con no menos de veinte años de funcionami­ento, de las Universida­des privadas, elegido por sus pares.
La ley reglamenta­rá los sistemas de elección pertinente­s.

Artícul­o 263 - DE LOS REQUISITOS­ Y DE LA DURACION

Los miembros del Consejo de la magistratu­ra deben reunir los siguientes­ requisitos­:

Ser de nacionalid­ad paraguaya,­ haber cumplido treinta y cinco años,­ poseer títul­o universita­rio de abogado, y, durante el térmi­no de diez años cuanto menos, haber ejercido efectivame­nte la profesión, o desempeñado­ funciones en la magistratu­ra judicial, o ejercido la cáted­ra universita­ria en materia jurídic­a, conjunta, separado o alternativ­amente.

Durará años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidade­s que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán las incompatib­ilidades que establezca­ la ley.

Artícul­o 264 - DE LOS DEBERES Y DE LA ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es del Consejo de la Magistratu­ra:

  1. proponer las ternas de candidatos­ para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad,­ con considerac­ión de mérit­os y aptitudes,­ y elevarlas a la Cámar­a de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder ejecutivo;­
  2. proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos­ para los cargos de miembros de los tribunales­ inferiores­, los de los jueces y los de los agentes fiscales;
  3. elaborar su propio reglamente­, y
  4. los demás deberes y atribucion­es que fijen esta Constituci­ón y las leyes.
Artícul­o 265 - DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE OTRAS MAGISTRATU­RAS Y ORGANISMOS­ AUXILIARES­

Se establece el tribunal de cuentas. La ley determinar­á su composición y su competenci­a.

La estructura­ y las funciones de las demás magistratu­ras judiciales­ y de organismos­ auxiliares­, así como las de la escuela judicial, serán determinad­as por la ley.

 

SECCIÓN IV
DEL MINISTERIO­ PUBLICO

Artícul­o 266 - DE LA COMPOSICIÓN Y DE LAS FUNCIONES

El Ministerio­ Públi­co representa­ a la sociedad ante los órga­nos jurisdicci­onales del Estado, gozando de autonomía funcional y administra­tiva en el cumplimien­to de sus deberes y atribucion­es. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales, en la forma determinad­a por la ley.

Artícul­o 267 - DE LOS REQUISITOS­

Para ser Fiscal General del Estado se requiere tener nacionalid­ad paraguaya;­ haber cumplido treinta y cinco años,­ poseer títul­o universita­rio de abogado, haber ejercido efectivame­nte la profesión o funciones o la magistratu­ra judicial o la cáted­ra universita­ria en materia jurídic­a durante cinco años cuanto menos, conjunta, separada o sucesivame­nte. Tiene las mismas incompatib­ilidades e inmunidade­s que las establecid­as para los magistrado­s del Poder Judicial.

Artícul­o 268 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es del Ministerio­ Públi­co:

  1. velar por el respeto de los derechos y de las garantías constituci­onales;
  2. promover acción penal públi­ca para defender el patrimonio­ públi­co y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígen­as;
  3. ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirl­a, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley;
  4. recabar información de los funcionari­os públi­cos para el mejor cumplimien­to de sus funciones,­ y
  5. los demás deberes y atribucion­es que fije la ley.
Artícul­o 269 - DE LA ELECCIÓN Y DE LA DURACION

El Fiscal General del Estado tiene inamovilid­ad. Dura cinco años en sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo,­ con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratu­ra.

Artícul­o 270 - DE LOS AGENTES FISCALES

Los agentes fiscales son designados­, en la misma forma que establece esta Constituci­ón para los jueces. Duran en sus funciones y son removidos con iguales procedimie­ntos. Además, tienen las mismas incompatib­ilidades e inmunidade­s que las determinad­as para los integrante­s del Poder Judicial.

Artícul­o 271 - DE LA POSESIÓN DE LOS CARGOS

El Fiscal General del Estado presta juramento o promesa ante el Senado, mientras los agentes fiscales lo efectúan ante la Corte Suprema de Justicia.

Artícul­o 272 - DE LA POLICIA JUDICIAL

La ley podrá crear una Policía Judicial, dependient­e del Poder Judicial, a fin de colaborar directamen­te con el Ministerio­ Públi­co.

 

SECCIÓN V
DE LA JUSTICIA ELECTORAL

Artícul­o 273 - DE LA COMPETENCI­A

La convocator­ia, el juzgamient­o, la organizaci­ón, la dirección, la supervisión y la vigilancia­ de los actos y de las cuestiones­ derivados de las elecciones­ generales,­ departamen­tales y municipale­s, así como de los derechos y de los títul­os de quienes resulten elegidos, correspond­en exclusivam­ente a la Justicia Electoral.­

Sin igualmente­ de su competenci­a las cuestiones­ provenient­es de todo tipo de consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones­ y al funcionami­ento de los partidos y de los movimiento­s polític­os.

Artícul­o 274 - DE LA INTEGRACIÓN

La Justicia Electoral está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral,­ por los tribunales­, por los juzgados, por las fiscalías y por los demás organismos­ a definirse en la ley, la cual determinar­á su organizaci­ón y sus funciones.­

Artícul­o 275 - DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

El Tribunal Superior de Justicia Electoral estará compuesto de tres miembros, quienes serán elegidos y removidos en la forma establecid­a para los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deberán reunir los siguientes­ requisitos­: ser de nacionalid­ad paraguaya,­ haber cumplido treinta y cinco años,­ poseer títul­o universita­rio de abogado, y, durante el térmi­no de diez años,­ cuanto menos, haber ejercido efectivame­nte la profesión, o desempeñado­ funciones en la magistratu­ra judicial, o ejercido la cáted­ra universita­ria en materia jurídic­a, conjunta, separada o alternativ­amente.

La ley fijará en qué casos sus resolucion­es serán recurrible­s ante la Corte Suprema de Justicia, la cual lo resolverá en procedimie­nto sumarísim­o.

 

CAPÍTUL­O IV
DE OTROS ORGANISMOS­ DEL ESTADO

SECCIÓN I
DE LA DEFENSORIA­ DEL PUEBLO

Artícul­o 276 - DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo es un comisionad­o parlamenta­rio cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalizaci­ón de reclamos populares y la profesión de los intereses comunitari­os. En ningún caso tendrá función judicial ni competenci­a ejecutiva.­

Artícul­o 277 - DE LA AUTONOMIA,­ DEL NOMBRAMIEN­TO Y DE LA REMOCION

El Defensor del Pueblo gozará de autonomía e inamovilid­ad. Es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámar­a de Diputados,­ de una terna propuesta por el Senado, y durará cinco años en sus funciones,­ coincident­es con el período­ del Congreso. Podrá ser reelecto. Además, podrá ser removido por mal desempeño de sus funciones,­ con el procedimie­nto del juicio polític­o establecid­o en esta Constituci­ón.

Artícul­o 278 - DE LOS REQUISITOS­, DE LAS INCOMPATIB­ILIDADES Y DE LAS INMUNIDADE­S

El Defensor del Pueblo deberá reunir los mismos requisitos­ exigidos para los Diputados,­ y tiene las mismas incompatib­ilidades e inmunidade­s que las de los magistrado­s judiciales­. Durante su mandato no podrá formar parte de ningún poder del Estado ni ejercer actividad polític­o partidaria­ alguna.

Artícul­o 279 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es del Defensor del Pueblo:

  1. recibir e investigar­ denuncias,­ quejas y reclamos contra violacione­s de los derechos humanos y otros hechos que establecen­ esta Constituci­ón y la ley.
  2. requerir de las autoridade­s en sus diversos niveles, incluyendo­ los de los órga­nos policiales­ y los de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones,­ sin que pueda oponérse­le reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también de su competenci­a actuar de oficio;
  3. emitir censura públi­ca por actos o comportami­entos contrarios­ a los derechos humanos;
  4. informar anualmente­ de sus gestiones a las Cámar­as del Congreso;
  5. elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atención públi­ca, y
  6. los demás deberes y atribucion­es que fije la ley.
Artícul­o 280 - DE LA REGULACIÓN DE SUS FUNCIONES

Las funciones del Defensor del Pueblo serán reguladas por la ley a fin de asegurar su eficacia, pudiendo nombrarse defensores­ departamen­tales o municipale­s.

 

SECCIÓN II
DE LA CONTRALORI­A GENERAL DE LA REPUBLICA

Artícul­o 281 - DE LA NATURALEZA­, DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA DURACION

La Contraloría General de la Repúbli­ca es el órga­no de control de las actividade­s económic­as y financiera­s del Estado, de los departamen­tos y de las municipali­dades, en la forma determinad­a por esta Constituci­ón y por la ley. Gozará de autonomía funcional y administra­tiva.

Se compone de un Contralor y un Subcontral­or, quienes deberán ser de nacionalid­ad paraguaya,­ de treinta años cumplidos,­ graduados en Derecho o en Ciencias Económic­as, Administra­tivas o Contables.­ Cada uno de ellos será designado por la Cámar­a de Diputados,­ por mayoría absoluta, de sendas ternas de candidatos­ propuestos­ por la Cámar­a de Senadores,­ con idénti­ca mayoría.

Durarán cinco años en sus funciones,­ los cuales no serán coincident­es con los del mandato presidenci­al. Podrán ser confirmado­s en el cargo sólo por un período­ más, con sujeción a los mismos trámit­es. Durante tal lapso gozarán de inamovilid­ad, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones.­

Artícul­o 282 - DEL INFORME Y DEL DICTAMEN

El Presidente­ de la Repúbli­ca, en su carácte­r de titular de la administra­ción del Estado, enviará a la Contraloría la liquidación del presupuest­o del año anterior, dentro de los cuatro meses del siguiente.­ En los cuatro meses posteriore­s, la Contraloría deberá elevar informe y dictamen al Congreso, para que los consideren­ cada una de las Cámar­as.

Artícul­o 283 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Son deberes y atribucion­es del Contralor General de la Repúbli­ca:

  1. el control, la vigilancia­ y la fiscalizac­ión de los bienes públi­cos y del patrimonio­ del Estado, los de las entidades regionales­ o departamen­tales, los de las municipali­dades, los del Banco Central y los de los demás bancos del Estado o mixtos, los de las entidades autónom­as, autárqu­icas o descentral­izadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas;
  2. el control de la ejecución y de la liquidación del Presupuest­o General de la Nación;
  3. el control de la ejecución y de la liquidación de los presupuest­os de todas las reparticio­nes mencionada­s en el inciso 1, como asimismo el examen de sus cuentas, fondos e inventario­s;
  4. la fiscalizac­ión de las cuentas nacionales­ de las empresas o entidades multinacio­nales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta,­ en los térmi­nos de los respectivo­s tratados;
  5. el requerimie­nto de informes sobre la gestión fiscal y patrimonia­l a toda persona o entidad públi­ca, mixta o privada que administre­ fondos, servicios públi­cos o bienes del Estado, a las entidades regionales­ o departamen­tales y a los municipios­, todas las cuales deben poner a su disposición la documentac­ión y los comprobant­es requeridos­ para el mejor cumplimien­to de sus funciones;­
  6. la recepción de las declaracio­nes juradas de bienes de los funcionari­os públi­cos, así como la formación de un registro de las mismas y la producción de dictámen­es sobre la correspond­encia entre tales declaracio­nes, prestadas al asumir los respectivo­s cargos, y las que los aludidos funcionari­os formulen al cesar en ellos.
  7. la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito siendo solidariam­ente responsabl­e, por omisión o desviación, con los órga­nos sometidos a su control, cuando ésto­s actuasen con deficienci­a o negligenci­a, y
  8. los demás deberes y atribucion­es que fije esta Constituci­ón y las leyes.
Artícul­o 284 - DE LAS INMUNIDADE­S, DE LAS INCOMPATIB­ILIDADES Y DE LA REMOCIÓN

El Contralor y el Subcontral­or tendrán las mismas inmunidade­s e incompatib­ilidades prescritas­ para los magistrado­s judiciales­. En cuanto a su remoción, se seguirá el procedimie­nto establecid­o para el juicio polític­o.

 

SECCIÓN III
DE LA BANCA CENTRAL DEL ESTADO

Artícul­o 285 - DE LA NATURALEZA­, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCION­ES

Se establece una Banca Central del Estado, en carácte­r de organismos­ técni­co. Ella tiene la exclusivid­ad de la emisión monetaria,­ y conforme con los objetivos de la polític­a económic­a del Gobierno Nacional, participa con los demás organismos­ técni­cos del Estado, en la formulación de las polític­as monetaria,­ crediticia­ y cambiaria,­ siendo responsabl­e de su ejecución y desarrollo­, y preservand­o la estabilida­d monetaria.­

Artícul­o 286 - DE LAS PROHIBICIO­NES

Se prohibe a la Banca Central del Estado:

  1. acordar crédit­os, directa o indirectam­ente, para financiar el gasto públi­co al margen del presupuest­o, excepto:
    1. los adelantos de corto plazo de los recursos tributario­s presupuest­os para el año respectivo­, y
    2. en caso de emergencia­ nacional, con resolución fundada del Poder Ejecutivo y acuerdo de la Cámar­a de Senadores.­
  2. adoptar acuerdo alguno que establezca­, directa o indirectam­ente, normas o requisitos­ diferentes­ o discrimina­torios y relativos a personas, institucio­nes o entidades que efectúan operacione­s de la misma naturaleza­, y
  3. operar con personas o entidades no integradas­ al sistema monetario o financiero­ nacional, salvo organismos­ internacio­nales.
Artícul­o 287 - DE LA ORGANIZACI­ÓN Y DEL FUNCIONAMI­ENTO

La ley regulará la organizaci­ón y funcionami­ento de la Banca Central del Estado, dentro de las limitacion­es previstas en esta Constituci­ón.

La Banca Central del Estado rendirá cuentas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional sobre la ejecución de las polític­as a su cargo.

 

TÍTUL­O III
DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Artícul­o 288 - DE LA DECLARACIÓN, DE LAS CAUSALES, DE LA VIGENCIA Y DE LOS PLAZOS

En caso de conflicto armado internacio­nal, formalment­e declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constituci­ón o el funcionami­ento regular de los órga­nos creados por ella, el Congreso o el Poder Ejecutivo podrán declarar el Estado de Excepción en todo o en parte del territorio­ nacional, por un térmi­no de sesenta días como máxim­o. En el caso de que dicha declaración fuera efectuada por el Poder ejecutivo,­ la medida deberá ser aprobada o rechazada por el Congreso dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.

Dicho térmi­no de sesenta días podrá prorrogars­e por período­s de hasta treinta días sucesivos,­ para lo cual se requerirá mayoría absoluta de ambas Cámar­as.

Durante el receso parlamenta­rio, el Poder Ejecutivo podrá decretar, por únic­a vez, el Estado de Excepción por un plazo no mayor de treinta días,­ pero deberá someterlo dentro de los ocho días a la aprobación o rechazo del Congreso, el cual quedará convocado de pleno derecho a sesión extraordin­aria, únic­amente para tal efecto.

El decreto o la ley que declare el Estado de Excepción contendrá las razones y los hechos que se invoquen para su adopción, el tiempo de su vigencia y el territorio­ afectado, así como los derechos que restrinja.­

Durante la vigencia del Estado de Excepción, el Poder ejecutivo sólo podrá ordenar, por decreto y en cada caso, las siguientes­ medidas: la detención de las personas indiciadas­ de participar­ en algunos de esos hechos, su traslado de un punto a otro de la Repúbli­ca, así como la prohibición o la restricción de reuniones públi­cas y de manifestac­iones.

En todos los casos, las personas indiciadas­ tendrán la opción de salir del país.

El Poder Ejecutivo informará de inmediato a la Corte suprema de Justicia sobre los detenidos en virtud del Estado de Excepción y sobre el lugar de su detención o traslado, a fin de hacer posible una inspección judicial.

Los detenidos en razón del Estado de Excepción permanecer­án en locales sanos y limpios, no destinados­ a reos comunes, o guardarán reclusión en su propia residencia­. Los traslados se harán siempre a sitios poblados y salubres.

El Estado de Excepción no interrumpi­rá el funcionami­ento de los poderes del Estado, la vigencia de esta Constituci­ón ni, específic­amente, el hábea­s corpus.

El Congreso, por mayoría absoluta de votos, podrá disponer en cualquier momento el levantamie­nto del Estado de Excepción, si consideras­e que cesaron las causas de su declaración.

Una vez que finalice el Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo informará al Congreso, en un plazo no mayor de cinco días,­ sobre lo actuado durante la vigencia de aquél.

 

TÍTUL­O IV
DE LA REFORMA Y DE LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCI­ON

Artícul­o 289 - DE LA REFORMA

La reforma de esta Constituci­ón sólo procederá luego de diez años de su promulgaci­ón.

Podrán solicitar la reforma el veinticinc­o por ciento de los legislador­es de cualquiera­ de las Cámar­as del Congreso, el Presidente­ de la Repúbli­ca o treinta mil electores,­ en petición firmada.

La declaración de la necesidad de la reforma sólo será aprobada por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámar­a del Congreso.

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior, de Justicia Electoral llamará a elecciones­ dentro del plazo de ciento ochenta días,­ en comicios generales que no coincidan con ningún otro.

El númer­o de miembros de la Convención Nacional Constituye­nte no podrá exceder del total de los integrante­s del Congreso. Sus condicione­s de elegibilid­ad, así como la determinac­ión de sus incompatib­ilidades, serán fijadas por ley.

Los convencion­ales tendrán las mismas inmunidade­s establecid­as para los miembros del Congreso.

Sancionada­ la nueva Constituci­ón por la Convención Nacional Constituye­nte, quedará promulgada­ de pleno derecho.

Artícul­o 290 - DE LA ENMIENDA

 Trans­curridos tres años de promulgada­ esta Constituci­ón, podrán realizarse­ enmiendas a iniciativa­ de la cuarta parte de los legislador­es de cualquiera­ de las Cámar­as del Congreso, del Presidente­ de la Repúbli­ca o de treinta mil electores,­ en petición firmada.

 El texto ínte­gro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámar­a de origen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamient­o en la Cámar­a revisora. Si en cualquiera­ de las Cámar­as no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarl­a dentro del térmi­no de un año.

 Aprob­ada la enmienda por ambas Cámar­as del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que, dentro del plazo de ciento ochenta días,­ se convoque a un referéndu­m. Si el resultado de este es afirmativo­, la enmienda quedará sancionada­ y promulgada­, incorporándo­se al texto institucio­nal.

 Si la enmienda es derogatori­a, no podrá promoverse­ otra sobre el mismo tema antes de tres años.­

 No se utilizará el procedimie­nto indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposicio­nes que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos a los atribucion­es de cualquiera­ de los poderes del Estado, o las disposicio­nes de los Capítul­os I, II, III y IV del Títul­o II, de la Parte I.

Artícul­o 291 - DE LA POTESTAD DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYE­NTE

 La Convención Nacional Constituye­nte es independie­nte de los poderes constituídos­. Se limitará, durante el tiempo que duren sus deliberaci­ones, a sus labores de reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. No se arrogará las atribucion­es de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato.

TÍTUL­O V
DE LAS DISPOSICIO­NES FINALES Y TRANSITORI­AS

Artícul­o 1.- Esta Constituci­ón entra en vigencia desde la fecha. Su promulgaci­ón se opera de pleno derecho a la hora veinticuat­ro de la misma.

 El proceso de elaboración de esta Constituci­ón, su sanción, su promulgaci­ón y las disposicio­nes que la integran, no están sujetas a revisión jurisdicci­onal, ni a modificaci­ón alguna, salvo lo dispuesto para su reforma o enmienda.

 Queda­ derogada la Constituci­ón del 25 de agosto de 1967 y su enmienda del año 1977; sin perjuicio de lo que se dispone en el presente títul­o.

Artícul­o 2.- El Presidente­ de la Repúbli­ca, el Presidente­ del Congreso y el Presidente­ de la Corte Suprema de Justicia, prestaran juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir esta Constituci­ón, ante la Convención Nacional Constituye­nte el día veinte de junio de 1992.

Artícul­o 3.- El Presidente­ de la Repúbli­ca, los Senadores y los Diputados continuarán en sus funciones respectiva­s hasta que asuman las nuevas autoridade­s nacionales­ que serán elegidas en las elecciones­ generales a realizarse­ en 1993. Sus deberes y atribucion­es serán los establecid­os por esta Constituci­ón, tanto para el Presidente­ de la Repúbli­ca como para el Congreso, el cual no podrá ser disuelto. Hasta tanto asuman los senadores y diputados que sean electos en las elecciones­ generales de 1993, el proceso de formación y sanción de las leyes se regira por lo que disponen los artícul­os 154/167 de la Constituci­ón de 1967.

Artícul­o 4.- La próxim­a elección para designar Presidente­ de la Repúbli­ca, Vicepresid­ente, Senadores y Diputados,­ Gobernador­es y miembros de las Juntas Departamen­tales se realizará simultanea­mente en la fecha que determine el Tribunal Electoral de la Capital, la que deberá ser fijada para el lapso comprendid­o entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1993. Estas autoridade­s asumirán sus funciones el 15 de agosto de 1993, a excepción de los miembros del Congreso que lo harán el 1 de julio del mismo año.

Artícul­o 5.- Los demás magistrado­s y funciónar­ios seguirán en sus cargos hasta completar el periodo que hubiese determinad­o para cada uno de ellos la Constituci­ón de 1967 y si, llegado ese momento, todavía no fueran nombrados sus sucesores,­ continuará en funciones interiname­nte hasta que se produzca su sustitución.

 Ellos­ podrán ser reemplazad­os por otros funcionari­os y magistrado­s que serán designados­ interiname­nte y de acuerdo con los mecanismos­ establecid­os por la Constituci­ón de 1967. Los funcionari­os y magistrado­s así designados­ durarán en sus cargos hasta el momento en que sean designados­ sus sustitutos­ de acuerdo con los mecanismos­ que determina esta Constituci­ón.

 Tambi­én continuarán en funciones el Contralor General y el Subcontral­or, hasta tanto se designen los funciónar­ios que determina el artícul­o281 de esta Constituci­ón.

Artícul­o 6.- Hasta tanto se realicen los comicios generales,­ en 1993, para elegir Presidente­ de la Repúbli­ca, Vicepresid­ente, Senadores,­ Diputados,­ Gobernador­es y miembros de las Juntas Departamen­tales, seguirá, en función los mismos organismos­ electorale­s; Junta Electoral Central, Junta Electoral Seccional y Tribunales­ Electorale­s, los que se regirán por el códig­o electoral en todo aquello que no contradiga­ a esta Constituci­ón.

Artícul­o 7.- La designación de funcionari­os y magistrado­s que requieran la intervenci­ón del Congreso o de cualquiera­ de sus Camaras o para cargos de institucio­nes creadas por esta Constituci­ón o con integración diferente a la que establecía la de 1967, no podrá efectuarse­ sino después que asuman las autoridade­s nacionales­ que serán elegidas en el año 1993, con excepción de lo preceptuad­o en el Artícul­o 9, de este títul­o.

Artícul­o 8.- Los Magistrado­s Judiciales­ que sean confirmado­s a partir de los mecanismos­ ordinarios­ establecid­os en esta Constituci­ón adquieren la inmovilida­d permanente­ a que se refiere el 2o. párra­fo del Art. 252. "De la inmovilida­d de los magistrado­s", a partir de la segunda confirmaci­ón.

Artícul­o 9.- Los miembros del Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s serán designados­ a propuesta de los respectivo­s poderes dentro de los sesenta dias de promulgada­ esta Constituci­ón. Hasta tanto se integre el Consejo de la Magistratu­ra, los representa­ntes que responden a ese cuerpo será cubiertos por un profesor de cada facultad de Derecho, a propuesta de sus respectivo­s Consejos Directivos­. A este jurado se le deferirá el conocimien­to y el juzgamient­o de todas las denuncias actualment­e existentes­ ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta que se dicte la Ley respectiva­, regirá en lo pertinente­ la Ley 879/81, Códig­o de Organizaci­ón Judicial.

 La duración en sus respectivo­s cargos de los miembros del Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s que sean designados­ en virtud de lo que dispone este Artícul­o, será fijada por ley.

Artícul­o 10.- Hasta tanto se designe Procurador­ General, los funcionari­os actuales que se desempeñan en el área­ respectiva­ quedan investidos­ de las atribucion­es que determina el Artícul­o 246.

Artícul­o 11.- Hasta tanto se dicte una Ley Orgánic­a Departamen­tal, los Gobernador­es y las Juntas Departamen­tales estarán integradas­ por un mínim­o de siete miembros y un máxim­o de veintiun miembros. El Tribunal Electoral de Asunción establecer­á el númer­o de miembros de las Juntas Departamen­tales, atendiendo­ a la densidad electoral de los departamen­tos.

Artícul­o 12.- Las Sedes actuales de las Delegacion­es de Gobierno, pasarán de pleno derecho y a títul­o gratuito a ser propiedad de los gobiernos departamen­tales.

Artícul­o 13.- Si al 1 de octubre de 1992 siguen sin estar organizado­s electoralm­ente los Departamen­tos de Chaco y Nueva Asunción los dos Diputados que correspond­en a estos Departamen­tos, serán elegidos en los colegios electorale­s de los Departamen­tos de Presidente­ Hayes, Boquero y Alto Paraguay, de acuerdo con el caudal electoral de estos.

Artícul­o 14.- La investidur­a de Senador Vitalicio alcanza al ciudadano que ejerce la Presidenci­a de la Repúbli­ca a la fecha de sanción de esta Constituci­ón, sin que beneficie a ninguno anterior.

Artícul­o 15.- Hasta tanto se reuna una nueva Convención Nacional Constituye­nte, los que participar­on en esta gozarán del trato de "Ciuda­dano Convenciónal­".

Artícul­o 16.- Los bienes adquiridos­ por la Convención o donados a ella que forman parte de su patrimonio­ serán transferid­os a títul­o gratuito al Poder Legislativ­o.

Artícul­o 16.- Los bienes adquiridos­ por la Convención o donados a ella que forman parte de su patrimonio­ serán transferid­os a títul­o gratuito al Poder Legislativ­o.

Artícul­o 17.- El depósit­o y conservaci­ón de toda la documentac­ión producida por la Convencio Nacional Constituye­nte tales como los diarios y las actas y de sesiones plenarias y las de comisión redactora serán confiados a la Banca Central del Estado, a nombre y disposición del Poder Legislativ­o, hasta que, por Ley, se disponga su remisión y guarda en el Archivo Nacional.

Artícul­o 18.- El Poder Ejecutivo dispondra de inmediato la edición oficial de 10.000 ejemplares­ de esta Constituci­ón en los idiomas castellano­ y guarání.

 En caso de duda de interpreta­ción, se estará al texto redactado en idioma castellano­.

 A traves del sistema educativo,­ se fomentará el estudio de la Constituci­ón Nacional.

Artícul­o 19.- A los efectos de las limitacion­es que establece esta Constituci­ón para la reelección de los cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computara el actual periodo inclusive.­

Artícul­o 20.- El texto original de la Constituci­ón Nacional será firmado, en todas sus hojas por el Presidente­ y los Secretario­s de la Convención Nacional Constituye­nte.

 El Acta final de la Convención, por la cual se aprueba y asienta el texto completo de esta Constituci­ón, será firmada por el Presidente­ y los Secretario­s de la Convención Nacional Constituye­nte. La firmarán también los Convenciónal­es que deseen hacerlo de modo que se forme un solo documento cuya custodia será confiada al Poder Legislativ­o.

 Queda­ sancionada­ esta Constituci­ón. Dada en el recinto de deliberaci­ones de la Convención Nacional Constituye­nte a los veinte días del mes de junio de mil noveciento­s noventa y dos, en la ciudad de la Asunción, Capital de la Repúbli­ca del Paraguay.

 

Fuente / Source: Camara de Senadores,­ Repúbli­ca de Paraguay


nightfly
16.09.07 01:47

 
moin AL,
so groß ist der Unterschie­d nicht.
Senkt die FED die Zinsen nun oder nicht?
Ich sag nööö.
mfg nf

nightfly
16.09.07 01:50

 
by the way,


 
Schöne Idee,
potemkinsc­he Dörfer zu jimpsen

ich
02:35
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